BOLETIN DE NOTICIAS de MOVIDA AMBIENTAL

A fines de Noviembre de 2010, una delegación argentina formada por el Intendente de Bahía Blanca, Cristian Breitenstein, el Presidente de ABSA (Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima), Guillermo Scarcella, y encabezada por el actual Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli⁽¹⁾, visitaba Israel, y este último se reunía con el Canciller Lieberman y el primer ministro Netanyahu. Lo que poco se difundió en los medios masivos es que el objetivo fundamental de aquel viaje fue el de reforzar vínculos comerciales con el Estado de Israel, y en concreto con la empresa estatal israelí de aguas: MEKOROT.

Y en efecto, el 30 de Noviembre, el Intendente de Bahía Blanca, Cristian Breitenstein, anunciaba desde Jerusalén la firma de un acuerdo de viabilidad con la empresa estatal israelí para el tratamiento de aguas residuales. De manera insólita, el Intendente decía vía telefónica al medio La Nueva Provincia: "Mekorot desarrollará la documentación que sirva como base del pliego. En ese proyecto estarán resueltas cuestiones técnicas vinculadas a la obra, desde la calidad del agua recuperada, en principio con destino industrial, hasta la tecnología a aplicar de acuerdo con nuestro territorio" en clara alusión a una próxima licitación en esa ciudad.

Esta misma declaración lo dejan a uno a 30 grados bajo cero. ¿Sabe usted Sr. Intendente lo que implica una Licitación Pública? ¿Cómo es posible que se nos diga desde la máxima representación de la ciudad de Bahía Blanca que la empresa MEKOROT desarrollará la documentación que servirá de base a los pliegos de la próxima Licitación? ¿No se está cometiendo con estas declaraciones una irregularidad administrativa y transgrediendo la ley que regula este tipo de Concursos Públicos? ¿Qué empresa se presentará, además de MEKOROT, a esta próxima licitación sabiendo que los pliegos estarán redactados a la medida de esta empresa israelí? Grave, francamente grave. Nos preguntamos si este tipo de acciones y declaraciones públicas no invalidarían la Licitación atendiendo a la Ley de Obras Públicas y a los Procedimientos de Licitación en los Principios Jurídicos de Libre Concurrencia e Igualdad entre los Ofertantes, al mismo tiempo que la obligatoria discrecionalidad del mismo. Desde luego, el principio de Igualdad entre los Ofertantes no lo cumpliría en lo absoluto, lo que podría dar lugar a la nulidad de la Licitación.