MALDITOS

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Si sos kirchnerista pero estás de acuerdo en la protesta contra la megaminería contaminante, podés ayudar a tu gobierno pegándote vos mismo.



Una BANDA que causa FURIA: Los BARRICKTURROS

Una BANDA que causa FURIA: Los BARRICKTURROS
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JUEZ SANTOS GABRIEL GARZÓN | 06-09-2011 

El juez de Instrucción Nº 2 Santos Gabriel Garzón, adelantó al periodista Ricardo Romano que el próximo viernes indagará a los dos policías detenidos acusados de asesinar "en la represión de La Primavera", al originario Roberto López. Y, que se lo imputó al líder Qom Félix Díaz por "instigación a cometer de delitos", un delito excarcelable. 





Los policías Gustavo Javier Coronel y Orlando Roberto Paredes, fueron detenidos el pasado fin de semana por orden del juez por la muerte del aborigen Roberto López, ocurrida el 23 de noviembre en la colonia "La Primavera", donde también murió el policía Eber Falcón, de cuya muerte se lo acusa -justamente- a Lopez.

En una entrevista concedida al periodista clorindense Ricardo Romano, el juez Garzón explicó que las novedades en la causa que se investiga la muerte de dos formoseños, son "en primer lugar que se citó a los aborígenes a declarar y se incluyó en la imputación por el delito de instigación a cometer delito a Félix Díaz que también está citado a comparecer para prestar declaración indagatoria y también ordené la imputación y detención de dos policías, dos oficiales que habrían intervenido en el hecho que podrían haber causado la muerte del Sr. Roberto López", aseguró. 

P- ¿Las pruebas son las armas?
R- Las pruebas son de balística, en si es la sumatoria de las pruebas de balística que tengo, que me llevaron a concluir la presunción en contra de estos personal policiales.

P- ¿Se dice que la detención de los oficiales de policía, sería muy breve?
R- Yo no puedo hacer ninguna apreciación de futuro porque estaría de mi parte prejuzgando, yo deseo abstenerme de contestar esa pregunta.

P- A Félix Díaz ¿lo imputa por pedido de los familiares del policía muerto?
R-Si, en realidad se presentó una querella por parte de la Esposa del oficial Falcón fallecido en ese desdichado hecho, la señora pidió como instigador al homicidio art. 45 del código penal, y la fiscal dispuso la imputación por instigación a cometer delito por el art. 209, criterio que compartí.

R- ¿Es excarcelable? 
R-Si, es excarcelable.

P- ¿Que puede decir del video aportado últimamente?
R- En ese aspecto tengo que decirle que tengo que estudiar la legalidad de ese video, por ese motivo he pedido a la jefatura de policía se sirvan remitir todos material fílmico que se pueda haber recogido en aquella oportunidad.

P- En ese video se ve la presencia de fuerzas federales.
R- Bueno yo no quisiera comentar sobre el tema de este porque en realidad tengo que estudiar si se lo va a tomar o no en consideración como prueba.
Este es un trabajo de paciencia, calcule que hay 23 personas por un delito, una por otro delito que es Félix Díaz y dos por homicidio, en el caso del Sr. Falcón, su muerte la habría causado el aborigen Roberto López, razón por la cual la causa de él se extingue por su propia muerte. Hay que trabajar para aclarar debidamente responsabilidades y continuar hasta su finalización.
http://diariopinion.com.ar/public/

Denuncian Intenso Ataque Policial Con Helicópteros Hacia Comuneros Mapuche Y Recrudecimiento De Represión Militarizada
Denuncian que durante todo el día del jueves 1 de septiembre de 2011, la policía militarizada chilena ha atacado con gases lacrimógenos, balines y balas desde un helicóptero policial a los comuneros mapuche de la comunidad Ignacio Queipul del lof de Temucuicui. Esto, como la respuesta represiva al legítimo proceso de reivindicación territorial realizado por la comunidad histórica del sector. 

El Helicóptero policial ha sobrevolado cada uno de los rincones de la comunidad, fotografiando las viviendas mapuches y en momentos intermitentes bajando a ras de los techos y corrales de los comuneros, en un claro acto de amedrentamiento y terror hacia las mujeres y los niños que allí se encuentran. Cabe precisar que en este instante, el helicóptero policial han aterrizado al interior del ex Fundo Alaska (de propiedad de la comunidad), por lo cual toda la comunidad se encuentra reunida a la espera de las acciones que realizarán, pero todo indica que atacará nuevamente a nuestra gente. 

Al mismo tiempo, debemos denunciar la intensificación de la arremetida represiva armada de las fuerzas paramilitares del gobierno a distintas comunidades de nuestro territorio ancestral, afectando especialmente a la zona de Makewe en las cercanías de Temuco, Padre las Casas y Freire, donde las comunidades de la Alianza Territorio Mapuche de Rufuhue, Trapilhue y Mashuizache estamos siendo víctimas de persecuciones allanamiento nocturnos y detenciones ilegales. Ante lo cual, esta semana, las comunidades hemos presentado una acción judicial ante los tribunales de justicia en Temuco, lideradas por el werken Javier Meliman. 

Finalmente, y frente a los constantes ofrecimientos de diálogo del representante del gobierno en la región encabezada por el Intendente Andrés Molina, lo emplazamos a que dialoguemos no teniendo por delante las bombas lacrimógenas, las balas los helicópteros ni la soberbia represiva de sus fuerzas paramilitares. Sino más bien teniendo presente que él está en nuestra tierra y que su famoso slogan de “emprendimiento” regional, lo generan desde nuestras riquezas. La pregunta es simple ¿cuándo y cómo el estado que representa nos devuelve las tierras?. 

Convocamos a los actores políticos a seguir de cerca lo que pueda ocurrir y a los medios a informar según la ética y la moral que se presenta en esta lucha desigual entre paramillitares armados que protegen a los colonos y nosotros que nos defendemos con piedras. 

PuLofMapuXawün-Alianza Territorial Mapuche 

Miles de detenidos, heridos y el estudiante de 14 años Manuel Gutierrez Reinoso muerto por balas de los carabineros son el saldo de la segunda jornada de Paro Nacional, convocada por Central Única de Trabajadores (CUT) y el sector estudiantil. Convocatorias en Buenos Aires para solidarizarse con el pueblo chileno.
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El diputado de la Democracia Cristiana Fuad Chahin confirmó esta tarde mediante su cuenta de twitter que el encapuchado detenido en Valparaíso hace parte de Carabineros, tal como lo denunciaron más temprano Lautaro Carmona y Hugo Gutiérrez del PC.
“Confirmado q ENCAPUCHADO que se escuda en guardia del Congreso es un Carabinero infiltrado en marcha estudiantil!!”, escribió el DC en su cuenta de la red social.
Más temprano, los parlamentarios comunistas se enfrentaron a Carabineros encargados de la seguridad del Congreso, después de que estos escondieran y protegieran a un infiltrado que habría estado ocasionando disturbios en la marcha ocurrida este mediodía en Valparaíso.
Según relató el diputado Gutiérrez a radio Bio-Bio, el carabinero infiltrado habría sido descubierto lanzando piedras a los vehículos policiales, en medio de los incidentes que se produjeron al terminar la protesta pacífica por la educación en la Quinta Región. Al ser sorprendido, el encapuchado corrió hasta una caseta de Carabineros, pertenenciente a la guardia fija del Congreso ubicada en la calle Victoria, donde fue protegido y ocultado por los otros efectivos policiales.
A los pocos minutos esta misma persona fue sacada en medio de una escolta de Carabineros y trasladada a la prefectura de Valparaíso en un vehículo policial, a rostro descubierto. Ante esta situación, los diputados del PC le pidieron información sobre el encapuchado protegido por la policía al teniente coronel de Carabineros Hernán Silva, encargado de seguridad del Congreso Nacional, quien le explicó a los parlamentarios que lo único que hicieron fue darle refugio a una persona que se identificó como miembro de la institución y que pedía resguardo al ser perseguido por otros manifestantes de la marcha.
Sin embargo, el coronel Silva desestimó conocer al individuo y descartó que se tratara de un efectivo de la seguridad del Congreso. El diputado Gutiérrez pidió hacer pública la información de este detenido y sus acciones durante la marcha de la educación en Valparaíso, emplazando al presidente de la cámara de diputados, Patricio Melero, a exigir las explicaciones del caso pues este caso vulneró un poder del Estado.

INFORME LEDESMA

Ante la gravísima situación que en este momento se vive en la provincia de Jujuy, la Agencia Katari a través de este informe pretende condensar la información que a diario se genera en torno de los hechos sucedidos a partir del 28 de julio de 2011 en la ciudad de Libertador General San Martín. 


La falta de solución habitacional de Jujuy

La realidad indica que la situación actual es producto del carácter feudal y caudillista que detenta Jujuy hace algo más que ocho años. El "gobernador" Barrionuevo y su guardia pretoriana fueron superados por la gravedad de los hechos, la interna del PJ se resolvió, tal como alguna vez lo denunciamos, entre punteros "K" y las balas de plomo disparadas por alguien que solo el nuevo Ministro de gobierno y justicia Hugo Echavarri sabe.

Los muertos, como siempre, los puso el pueblo y como siempre, siguen sin encontrarse los autores tanto materiales como intelectuales de los asesinatos (a esta altura no seguiremos pensando que esto fue un enfrentamiento). 

Mientras tanto la oposición lucha a destajo para que el gobernador renuncie, pero no plantea nada (todos suponen que le habrían soltado la mano al FPV en un pacto de gobernabilidad provincial), más aún, abandona la comisión investigadora ante la rebeldía expresada por todos los responsables citados a declarar. Pablo Lavilla (ex ministro): de vacaciones, Jorge Ayarde (ex jefe de policía): excusado por problemas de salud y Jorge Ale (intendente de Libertador): que nunca se presentó.
A todo esto el gobierno de la provincia solo da manotazos propios de un ahogado político al que sus detractores le tiran salvavidas de plomo. La disidente Carolina Moisés desde la comodidad de las más exclusivas confiterías jujeñas arremete contra la línea del ultra “K” Eduardo Fellner (padrino del Gobernador Barrionuevo) intentando desesperadamente y en medio de un mundo de falacias despegar al gobierno Nacional de toda responsabilidad. Mientras que el vicegobernador Pedro Segura (candidato a intendente por S. S. de Jujuy) seduce a Sala pero con mucha cautela se desvincula de ella. Rivarola, diputado provincial y socio político del vice, se saca fotos con Mosquera (CCC libertador) y aparece como mediador del ahora cuestionado "dirigente" quien habría recibido algún dinero de manos del intendente Ale la noche previa al desalojo en Ledesma según declaraciones del propio Ale.

Colombia: Terrorismo de Estado

 Imagen en homenaje a Sandra Viviana Cuellar, ambientalista desaparecida en febrero 2011. 
 Crimen de Estado de la desaparición forzada de la "democracia" colombiana rebasa las dramáticas cifras de las dictaduras del Cono Sur: ONU reconoce 57.200 desaparecidos
El gran capital codicia las tierras por las que ella luchaba: páramos, humedales y cauces en peligro por la explotación multinacional y el agro-industrial.
La herramienta paramilitar del Estado colombiano y las multinacionales asesina y desaparece a todo aquel o aquella que eleve una reivindicación social, ecológica, económica, política. Esta herramienta paramilitar trabaja en connivencia con la fuerza pública; la impunidad por asesinar al pueblo colombiano y particularmente a luchadores sociales y defensores de DDHH, ambientalistas, sindicalistas, estudiantes, maestros es casi del 100%, siendo
Colombia uno de los países con mayor impunidad del mundo.
Las multinacionales y el gran latifundio emplean la herramienta paramilitar para callar la reivindicación contra el despojo, el saqueo y la explotación, y también emplean la herramienta paramilitar para que esta perpetre horrendas masacres con la finalidad de provocar desplazamientos masivos de poblaciones, para así poder despojar a las comunidades de sus tierras.
Colombia es, junto con Sudán, el país con más desplazados forzados internos del mundo, con más de 5,2 millones de desplazados. El 40% del territorio colombiano está hoy concesionado por el gobierno colombiano para la mega-minería multinacional, en especial para la mega minería de extracción de oro: las aguas están siendo contaminadas irremediablemente, y para que las multinacionales dispongan de ese 40% del territorio que codician, la herramienta paramilitar y los bombardeos del estado colombiano están provocando desplazamientos poblacionales en masa.
El régimen colombiano también ostenta 3 terribles 'records'  que marcan el nivel de represión genocida que ejerce contra el pueblo colombiano:
-el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo son asesinados en Colombia por la herramienta paramilitar de multinacionales y gobierno, la cual actúa en ese exterminio con la anuencia e incluso coordinación de la fuerza pública.
-hay 7.500 presos políticos, 7000 de los cuales son civiles encarcelados bajo burdos montajes judiciales: sindicalistas, ambientalistas, estudiantes, abogados, profesores, sociólogos, documentalistas, artistas, defensores de DDHH, líderes campesinos... encarcelados para callar su reivindicación social.
-el crimen de estado de la desaparición forzada perpetrado por la "democracia" colombiana rebasa las terribles cifras de las dictaduras del Cono Sur: la ONU reconoció al menos 57.200 desaparecidos.
Más información:


El control social ejercido sobre reclamos de inclusión, realizados por desocupados agrupados en organizaciones con fines sociales, es controlado desde estado y garantizado en su ejecución por el poder judicial, que los lleva a juicios, intimidándolos y oprimiendo derechos, imputando, procesando y condenando a los actores sociales que piden por trabajo, salud y educación. Con este control, se efectiviza impunemente el quebrantamiento de derechos garantizados, que son degradados y negados por quines deberían avalarlos, respetarlos y cumplirlos, dándole la categoría de delincuentes, aplicándoles el Código Procesal Penal, modificado por el poder Legislativo, para acelerar el proceso de condena, para quines se organizan en la lucha de estos derechos humanos.

Desde el gobierno provincial, se desenmarañó esté análisis, con la implementación del Plan de contingencia establecido como Tolerancia Cero, cuyo fin, como he analizado en otros artículos, tiene como objetivo brindar seguridad jurídica a empresa multinacionales petroleras que operan en el Departamento San Martín, que posee los mayores índices de desocupación, desnutrición y desigualdad social de la provincia de Salta.
Este plan, efectiviza la contención en terreno ejercida por la policía, que opera con un protocolo, guía, que la faculta a reprimir las protestas sociales, de forma preventiva, sin intervención judicial, para evitar lo que estos conciben como un delito, sofocando el derecho a la protesta garantizado por la Constitución Nacional. De esta forma, el ejecutivo evade su responsabilidad de garantizar calidad de vida, desde ya deteriorada en las zonas donde se presentan los pedidos de inclusión, estableciendo que estos compatriotas son quebrantadores del orden público, y no el estado que excluye, aplicando políticas neoliberales, que enriquecen a grupos corporativos, multinacionales y empobrecen a la población. Esta idea, de contención de delitos, se convalida con la intervención de los medios de comunicación a fines al gobierno, y a las corporaciones petroleras, reafirmando el discurso, que recae en los desocupados, en su categoría de piqueteros delincuentes, en desmedro de las luchas populares, afirmando esta idea en el imaginario colectivo.
La distribución de las riquezas el eje de la discusión
Es así, como se traslada el eje de la discusión social, las riquezas naturales, como el petróleo, el gas, se extraen, y se saquean en la argentina, las ganancias de estos recursos no renovables se reparten en grupos concentrados ya históricos en la argentina, beneficiados en dictadura como en democracia. El estado solo percibe el 15 % de las ganancias, quedando el 85 % para multinacionales petroleras. Mientras el pueblo, cada vez tiene más necesidades insatisfechas, enfermedades de la pobreza ya erradicadas como la desnutrición, se presentan nuevamente, el hacinamiento está en aumento ante el difícil habitacional.
La concentración y apropiación de tierras ante el avance la frontera agroforestal, en especial la soja, expulsa a comunidades originarias, como a criollos, agrupándolos en bolsones de pobreza en las periferias de las principales ciudades de la zona, siendo el asistencialismo, la solución brindada por el estado provincial y nacional.
La distribución de las riquezas es el verdadero el eje de esta discusión, de ser equitativa, los piqueteros, desocupados, disfrutarían de un trabajo genuino, y no bloquearían rutas, y el Código Procesal Penal seria aplicado en delincuentes y no en trabajadores hoy desocupados, habría mayor numero de familias constituidas y no desmembradas como acontece hoy, los niños indígenas dejarían de morir por desnutrición, las madres indígenas dejarían de fallecer de cáncer de útero. En Salta se registra el mayor índice de muertes del país por esta enfermedad, habría más médicos y hospitales por cantidad de habitantes, habría un real estado de bienestar en la sociedad organizada, una mayor calidad de vida. Pero para que esto suceda, los gobiernos deben tomar una decisión y revertir este modelo de fracaso, y de exclusión, que beneficia a un grupo histórico en desmedro de la mayoría.
No se acreditan los delitos denunciados
Los desocupados, son sometidos a encarcelamientos, la protesta social es criminalizada, solo basta que las empresas realicen denuncias, las que luego no podrán sostener en la justicia, por no tener estas sustentos jurídicos sobre lo acontecido, los denunciantes no se presentan en los juicios, que arbitrariamente son llevados a tal fin, a pesar de acreditar la defensa técnica de los desocupados, que las figuras invocadas no son aplicables, porque no fueron cometidas, tal como sucediera con el caso del luchador popular José “Pepino” Fernández, que quedo absuelto en dos causas, una por coacción y otra por turbación de la propiedad, como lo confirmó en esas causas, la Dra. Mara Puntano, que alego que “tampoco se acredita un indicio, menos aun con certeza sobre la turbación de propiedad, ya que el denunciante no acredita tener la posesión, propiedad del aeropuerto de Gral. Mosconi, y que por ello no se configura el delito”. Agregando: “Que por imperio del articulo 407 del Código Procesal Penal y el articulo cuarto sea declarado absuelto mi representado”.
Sobre estas causas imputadas a José “Pepino” Fernández, su defensora la Dra. Puntano, abogada de Derechos Humanos no gubernamental, y especialista en Derecho Indígena, había acreditado ya en la instrucción del expediente, que no había elementos jurídicos, ni siquiera indicios para proceder con el mismo, y que debía acreditarse la inocencia de Fernández, pero solo basto que un fiscal solicitara el pedido a juicio para seguir con las causas y llevarlo a Fernández a juicio oral y publico, lo que contradictoriamente fuera expuesto por el fiscal de turno Pablo Cabot durante su alegato en el juicio, a “Pepino” Fernández, por solicitar la absolución de este por no haberse acreditado los delitos invocados, tal como lo solicitara la abogada Mara Puntano, durante la instrucción del expediente y reafirmara durante el juicio.
Triunfo político y jurídico
Sin lugar a dudas, la absolución e inocencia en el juicio llevado contra el luchador popular y ambientalista de la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi, José “Pepino” Fernández, marca un antes y un después en la lucha jurídica en causas sociales, criminalizadas por el estado, refirmándose como instrumento de lucha, por la jurisprudencia y antecedentes que deja para la defensa de miles de luchadores que serán sometidos a juicios por reclamos sociales. Pero fundamentalmente, se enmarca dentro de un triunfo político y su alegato por establecer sobre el marco de la ley, la situación de necesidad que conlleva a los excluidos a tomar medidas para romper la invisibilidad y que estas no deben ser interpretadas como delito, sino como una situación de necesidad.
http://www.copenoa.com.ar/Derechos-humanos-hoy-Control.html

Los genocidas buenos.-

Quizá, como lo dice Blaquier, como lo expresa la Barrick Gold, como lo murmuran en Telecom, quizá también en Londres haya unos cuantos empresarios barrigones, trajeados y perfumados, brindando con un buen scotch on the rocks y contándoles, a sus amigos londinenses, que ellos también son “cristinistas”



Por Ignacio González Lowy -
Los genocidas buenos
El caso de Carlos Pedro Blaquier, socio de la última dictadura y cómplice de crímenes aberrantes cometidos en la provincia de Jujuy, y hoy declarado “cristinista”, desnuda la más oculta matriz del doble discurso del gobierno K sobre los derechos humanos.
A esta altura es una obviedad, pero por las dudas insistimos: el terrorismo de Estado durante la última dictadura en Argentina no fue un capricho de tres, 200 o mil militares con sed de sangre. El secuestro, la tortura y la eliminación sistemática, planificada y orquestada de miles de trabajadores y estudiantes, ni siquiera fue (solamente) parte de una disputa ideológica, política y cultural. No. Los militares, funcionarios judiciales, economistas y técnicos de las más diversas áreas del Estado, que pusieron sus saberes y fuerza al servicio de la muerte entre 1976 y 1983, lo hicieron principalmente por otros motivos. Buscaban aniquilar la posibilidad de que un país económica y socialmente más justo se consolidara, y asegurar el enriquecimiento descontrolado del sector más concentrado de un empresariado vinculado a distintos intereses imperialistas (de esos que hoy algunos llaman “multinacionales”).
Carlos Pedro Blaquier, presidente de la firma Ledesma S.A., es un ejemplo casi sin parangón de esos empresarios que crecieron en sus multimillonarias ganancias manchándose las manos con la sangre de quienes osaron denunciar las condiciones criminales en que amasaban sus fortunas. La contaminación, la explotación laboral, la denigración de los trabajadores, la prepotencia contra cualquiera que intentara ponerles límites; marcaron el trayecto de los Blaquier en su consolidación como la familia más poderosa de la provincia de Jujuy.
Hoy, Carlos Pedro defiende al gobierno de CFK, que supuestamente tiene como principal bandera la persecución y el castigo de los responsables del terrorismo de Estado durante el último gobierno de facto en Argentina.
Carlos Pedro Blaquier
El ingenio azucarero Ledesma fue fundado hace más de 100 años en Libertador Gral. San Martín (Jujuy). Carlos Pedro Blaquier, el actual presidente del directorio de la sociedad anónima, ingresó a la empresa en 1952 y accedió a dicho cargo en 1970. Ledesmacreció a pasos agigantados bajo su dirección, llegando a producir unas 400.000 toneladas de azúcar por año (alrededor del 25% de la producción nacional) y a ser propietaria de aproximadamente 40.000 hectáreas y una red de caminos propios de 700 kilómetros en la provincia de Jujuy. Posee además casi 25.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires y declara un campo en nuestra provincia, en Gualeguaychú, de 27.000 has. Su producción con el tiempo se fue diversificando, y abarca hoy el azúcar, la celulosa, el papel obra (120.000 toneladas por año), su propio gas y electricidad, empleando en la actualidad 6.000 obreros (llegaron a ser 15.000 en los ‘70s).
Por su parte, Carlos Pedro Blaquier pasa muchos de sus días en su mansión de 17.000 metros cuadrados en la zona más exclusiva de San Isidro, en la que el mármol y las costosas obras de arte deslumbran hasta a visitantes como Eduardo Duhalde, Gerardo Morales, Julio Cobos, Gerardo Werthein, Héctor Méndez y el rabino Sergio Bergman. Soberbio y ostentador, suele desembarcar en Punta del Este con sus siete lujosos yates, valuados en un total de 50 millones de pesos, y una tripulación de 23 marineros a su servicio.
Fiel a la ideología de que lo primero y lo único son los negocios, así como fue un propagandista de la dictadura mientras ésta duró, pagando notas en la prensa norteamericana para defender el modelo económico que en Argentina implementaba su amigo Alfredo Martínez de Hoz; hoy aplaude al gobierno de CFK porque “reconoce las realidades”: efectivamente, es real que su empresa cierra este año con ganancias millonarias que casi duplican las del año pasado. Imperturbable, a las denuncias por contaminación, por explotación laboral y por su complicidad con la dictadura, responde diciendo que “en este país, a todo el que tiene guita lo ataca la zurda”. En esa misma nota en el diario La Nación (25/7/10), elogiosa y complaciente, el empresario asegura que Perón fue un fascista y que “pocos gobiernos como el actual han defendido tanto a la industria nacional”. Eso sí, tiene críticas hacia Néstor y Cristina, ya que “es como el matrimonio, donde siempre hay cosas que molestan”.
Carlos Pedro Blaquier, con sus 19 libros publicados, su pertenencia a varias academias nacionales y sociedades de intelectuales conservadores, es uno de los “niños mimados” de la inteligencia de derecha del país. Ya en 2004, en otra de las entrevistas en las que el diario La Nación ni le menciona la palabra “dictadura”, el refinado oligarca declaró: “el problema de los países en vías de desarrollo es que la mayoría de sus votantes son subdesarrollados”. De todos modos, el mandamás del norte no dejará por ello de reconocerle a un gobierno “setentista” los servicios prestados, como cuando en 2006 impulsó la Ley de Promoción de Biocombustibles, que le permite a Ledesma invertir en el negocio de la mezcla de alcohol de caña con gasoil, con total exención de impuestos por 10 años.
 Luis y Olga Aredes
 Olga, odontóloga y casada con el médico Luis Aredes, llegó a Libertador Gral. San Martín en los años ‘60s acompañando a su marido. El pueblo al que llegaron batía récords con su tasa de mortalidad infantil, y el pediatra Aredes se inició como médico del ingenio hasta que lo despidieron por utilizar “recursos excesivos” en la atención de los obreros y sus hijos, que padecían enfermedades directamente vinculadas con la producción, el trabajo y la vida cercana a los campos de la empresa.
 Además, Aredes había ya denunciado los efectos nocivos, destructivos para la salud de los trabajadores y de sus familias, y de la población en general, que provocaba el bagazo. Este polvo, residuo de la caña de azúcar, utilizado para la fabricación de papel por su alto contenido de celulosa, genera problemas respiratorios y pulmonares, entre otros, que llevaban a la incapacidad y a la muerte a cada vez más vecinos de la localidad, expuestos al mismo cada vez que los vientos lo arrastraban desde el ingenio en su dirección.
 Luego de trabajar por un tiempo como director del hospital de Tilcara, Aredes decidió volver al pueblo “de” Ledesma para atender a los trabajadores del ingenio por fuera de la estructura de la empresa. Fueron ellos, los obreros y sus organizaciones, quienes le pidieron a este médico (simpatizante de la UCR) que fuera candidato a intendente de la localidad jujeña. Lo fue y ganó las elecciones. Durante su mandato se le ocurrió la insólita medida de exigirle a la empresa Ledesma que pagara, por primera vez en su extensa y “respetable” historia, los impuestos municipales.
 Blaquier dictaminó que ya era demasiado. Según el testimonio de Olga Aredes ante la CONADEP, el mismísimo 24 de marzo de 1976 (para qué esperar) su hijo Ricardo “vio desde su ventana del dormitorio, cómo su padre era cargado por una acción conjunta de la policía de la provincia y la gendarmería nacional, la cual (…)está establecida desde hace varias decenas de años dentro del territorio de la empresa privada conocida como Ingenio Ledesma. Mi marido fue cargado en la parte trasera de una camioneta con el logotipo de la Empresa Ledesma impreso en las puertas de dicho vehículo. La camioneta era conducida por un empleado de la propia empresa.”
 Luis, el médico del pueblo, el intendente, estuvo desaparecido un mes y detenido casi un año. Luego fue dejado en libertad, pero tras volver a atender a algunos pacientes en el hospital de la localidad de Fraile Pintado, en mayo de 1977 fue secuestrado y desaparecido, esta vez definitivamente. 
 Los apagones
 Antes, ya la empresa había comenzado (desde el 20 de julio de 1976) a prestar su logística, sus mercenarios, sus locaciones y móviles, y sobre todo su “inteligencia” e información, para la realización de los “apagones”: entre las 22 y las 6 del día siguiente se cortaba el suministro de energía eléctrica y en ese lapso decenas de trabajadores, estudiantes, amas de casa, sindicalistas y profesionales, eran secuestrados para ser torturados. Más de 400 pasaron por ese suplicio, más de 30 siguen desaparecidos. Entre los lugares de detención y castigo, estaba la sede del escuadrón 20 de Gendarmería Nacional, ubicado dentro del predio de la empresa Ledesma.
 Confirmando lo que sostuvimos al comenzar esta nota, acerca de los verdaderos objetivos de la dictadura, la empresa sacó prontamente rédito de la represión que ayudó a organizar: durante y después del “proceso”, habiendo desarticulado el gremio (y hasta demolido su sede), Ledesma logró terminar con las 6 horas por insalubridad y el descanso dominical, y avanzó con la polifunción, los turnos rotativos y el trabajo a destajo con el que somete a los cosecheros del citrus.
 Luego de la primera y principal de las “noche de los apagones”, y con su marido ya desaparecido, Olga Aredes comenzó a marchar sola, en la plaza del pueblo, con su pañuelo blanco y una pancarta. Con el tiempo, su andar solitario se transformó en la multitudinaria “Marcha de los apagones”, que todos los años recorre diez kilómetros desde Calilegua hasta Libertador, uniendo los pueblos desde donde, en camiones del ingenio Ledesma, hace 44 años la gendarmería se llevó a tantos, amparados por la dictadura, por Blaquier y por la oscuridad.
 Olga Aredes falleció de cáncer el 17 de marzo de 2005, en Tucumán, víctima del deterioro que en su salud provocó tanto dolor y el propio bagazo del ingenio al que durante décadas denunció. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, los abogados de la empresa se presentaron en la Cámara Civil y Comercial de San Pedro pidiendo que se cerrara la causa por contaminación que la mujer, aún no enterrada, les había iniciado.
 La impunidad era la misma: igualita a la que les había permitido “marcar”, en 1979, a quienes denunciaban en San Miguel de Tucumán a la dictadura ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (dependiente de la OEA); o a la que les había permitido en las décadas de los ‘70s, ‘80s y ‘90s, conseguir el “despegue económico y la diversificación de la producción” (Blaquier dixit) sobre la base de la liquidación de las conquistas obreras, la persecución de los militantes sindicales, las jornadas de trabajo de más de 12 horas y la paga de salarios con “papeles” de la empresa.
 Genocidas
 Los asesinos de la dictadura ya no pueden caminar impunemente por las calles de Argentina, se suele escuchar por estos días. Néstor (y no la lucha histórica de los organismos de DDHH) logró enjuiciar y encarcelar a los peores de estos genocidas, decían algunos mientras velaban al ex presidente. Y, por supuesto, el pueblo que supo conquistar estos avances en materia de memoria y justicia, los festeja.
 De todos modos, queda la espina en miles de gargantas y corazones que sigue y sigue picando y haciendo sangrar: los empresarios que planificaron, ordenaron, impulsaron, avalaron y legitimaron, pero sobre todo usufructuaron de la dictadura, sí pueden caminar tranquilos, sí pueden vivir en sus mansiones “en paz”, sí pueden navegar hasta Punta del Este, y no tienen miedo (no con este gobierno) de ser juzgados y encarcelados, ni siquiera interrogados.
 Pero lo que es peor, es que ésta falta esencial de justicia es sólo el símbolo de una realidad mucho más profunda: los sectores económicos (locales y extranjeros) que necesitaron de la dictadura para imponer el modelo de país que consiguieron, siguen gobernando y dirigiendo la batuta, en materia de política económica al menos, en el país. Que 8 pibes mueran de hambre por día en la Argentina de hoy, que puede alimentar a 300 millones; también es un crimen de la dictadura y de lessa humanidad, y también necesita de justicia y de culpables.
 La presidenta CFK anunció con bombos y platillos (nacionales y populares) el principio de acuerdo para el pago de la deuda externa con el Club de París. El 49% de la misma fue contraída antes de 1983, principalmente durante la dictadura, para comprarles armas y aviones a Alemania y Francia para la probable y delirante guerra entre los ejércitos de Videla y Pinochet. Lo presupuestado para pagar la tantas veces pagada “deuda” externa, tantas veces demostrada ilegítima y usuraria, es cuatro veces superior a lo previsto para “gastos” en educación y (+) salud. Decía el historiador Alejandro Olmos (h) ya en 2008: “La decisión de la Presidenta de cancelar la deuda con el Club de París fue recibida con entusiasmo por la mediocre clase política. Ya el vicepresidente Julio Cobos declaró que honramos la deuda y el convencionalismo de los economistas aplaudió esa absoluta falta de respeto por el orden jurídico. Pero cuando esas deudas son materia de una investigación criminal hay que esperar un pronunciamiento judicial que determine su legalidad. (…) Pagarle al Club de París sin esperar los resultados de la investigación judicial es un cabal ejemplo de que el Estado de derecho en la Argentina es sólo una ficción en cuanto a la defensa del Estado nacional, y sólo alcanza para perseguir a los decrépitos militares de la dictadura, olvidándose de sus autores ideológicos, que siguen usufructuando de los beneficios del ilegal endeudamiento.”
El 20 de noviembre, en un nuevo aniversario de la batalla de la Vuelta de Obligado, en su discurso por el día de la Soberanía Nacional, la presidenta denunció el “colonialismo inglés que aún subsiste en las Malvinas”, al que su gobierno combate por medio del Twitter. Ni un solo interés económico de la tierra de los piratas se vio afectado por alguna medida de fondo tomada por los gobiernos pingüinos.
Quizá, como lo dice Blaquier, como lo expresa la Barrick Gold, como lo murmuran en Telecom, quizá también en Londres haya unos cuantos empresarios barrigones, trajeados y perfumados, brindando con un buen scotch on the rocks y contándoles, a sus amigos londinenses, que ellos también son “cristinistas”.


Jueves, 28 de Julio de 2011 

(AW) En Ledesma un desalojo causo hasta ahora 3 muertos y unos 50 heridos. El predio era ocupado desde hace una semana a modo de acelerar el compromiso de la empresa para entregar tierras a los pobladores de la zona. Diferentes organizaciones convocan para mañana viernes 29 a concentrar a partir de las 11:00 frente al Obelisco porteño en Av. 9 de Julio y Corrientes para rechazar lo ocurrido.


(Buenos Aires, 28 de Julio de 2011. Agencia Walsh) Alrededor de las 6 de la mañana fuerzas policiales provinciales realizaron un violento desalojo con efectivos de infantería y caballería por orden del juez Jorge Saman que dejo como saldo la muerte de Ariel y Alejandro Farfán y Félix Reyes y unos 50 heridos y detenidos. Los terrenos se hallan a unos 100 km. de la ciudad en donde se han asentado más de 500 familia. Ledesma S.A. posee 157.556 hectáreas. Se calcula que 40 hectáreas alcanzarían para resolver el problema habitacional en la ciudad del Libertador Gral. San Martin.
El dirigente de la Corriente Clasista y Combativa de Ledesma, Enrique Mosquera señalo: "Estaba todo el aparato represivo coordinados con la empresa Ledesma porque los vimos a los de seguridad de esa empresa para realizar esta grave represión que mataron a Ariel Farfan de 17 años, que estaba con su mama en la toma, Félix Reyes que salió de trabajar y como tenia familiares en la toma, vino a apoyar a sus familiares y a Alejandro Farfan que sería policía pero nosotros no tenemos confirmado que es policía. Porque primero nos dijeron que era un joven y después nos dijeron que era un policía". "Nosotros lo únicos que teníamos eran piedras, no teníamos armas y bombas molotov, como se esta diciendo. Nos defendimos con piedras y fuimos retrocediendo hacia los barrios, donde asfixiaron bebes, nosotros lo únicos que hicimos fue tirar piedras para defendernos porque nos estaban atacando con balas de goma, gases y balas de plomo.
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“EL ZAR TUCUMANO”

Bussi tenía a Alperovich como un útil operador al que llamaba "Pepe"

Miércoles 13 de Julio de 2011 16:20:44 | 

La biografía prohibida de Alperovich revela su presencia habitual en la residencia de Bussi en La Rinconada, cuando el ex militar era gobernador. "José admira al general, por el verticalismo con el que ejercía el poder", explica Pablo Walter. La traición a la UCR.

Antonio Bussi y José Alperovich.

El libro "El Zar Tucumano" profundiza en la estrecha relación entre el entonces legislador José Alperovich y el gobernador Antonio Bussi, entre 1995 y 1999. Veamos extractos del libro:

La convivencia de los radicales no fue sencilla en la Legislatura. Antonio Bussi había conseguido 15 legisladores de su partido, Fuerza Republicana, y salió a conquistar aliados.

Alperovich asumió la presidencia de la Comisión de Hacienda desde el inicio de la gestión Bussi y cubrió las necesidades del Gobierno. No siempre aprobaba todo a libro cerrado, pero siempre buscaba alcanzar algún acuerdo.

El dirigente peronista Alberto Darnay integró durante ese período la Legislatura. “En ese tiempo comienza una fuerte emisión de títulos públicos. Además, bajaban préstamos del Banco Mundial que manejaban Carlos Corach [ministro del Interior de Carlos Menem], Bussi y Alperovich. Al ver los dictámenes de la Comisión de Hacienda, las finanzas públicas pasaban exclusivamente por Bussi y Alperovich”, contó Darnay.

Era tan estrecha la relación entre Bussi y Alperovich que el ex dictador lo bautizó “Pepe”. Era el único que lo llamaba así. 

CHILE: SAPOS EN ACCIÓN

SAPOS EN ACCIÓN:

SE PIDE DIFUNDIR - DENUNCIAR EN TODAS LAS REDES













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 Santiago Oyarzo Pérez                          
  El primer gesto revolucionario es llamar a las cosas por su nombre
                                                                             Rosa Luxenburg.
Javier Karmy
Periodista

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MARCHA DE LOS PUEBLOS 9/12/11

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