BOLETIN DE NOTICIAS de MOVIDA AMBIENTAL

Los vecinos de las comunidades sureñas de Gramales, Aguas Calientes, Ojo de Agua, El Ranchón, Nueva Concepción y Azacualpa, preocupados por su salud y la contaminación ambiental, reunidos en asambleas, decidieron oponerse a la inminente presencia de una empresa minera que busca explotar, utilizando la técnica de cielo abierto, los yacimientos auríferos localizados en la zona.

Para llegar a esa decisión consensuada tomaron en cuenta la experiencia negativa ocurrida en el valle de Siria, en donde las aguas superficiales y subterráneas han acumulado cantidades anormales de tóxicos, entre ellos mercurio y plomo, las que al ser ingeridas por humanos han pasado a sus torrentes sanguíneos de adultos y niños, hecho debidamente verificado mediante exámenes de laboratorio practicados en el exterior, sin que las autoridades sanitarias hayan procedido al tratamiento de los afectados.

Esa negligencia ha motivado a la Fiscalía del Ambiente del Ministerio Público a citar a funcionarios de la Secretaría de Salud para que expliquen las razones por las cuales no se ha otorgado tratamiento médico a los contaminados, que urgen de atención médica para su mejoría.

Si de una parte existe la petición empresarial al Estado para extraer los depósitos de oro de El Triunfo, aparentemente con el respaldo de las autoridades municipales, para generar fuentes de empleo e ingresos a las arcas edilicias; de otra se encuentra el consenso comunitario por impedir tal actividad, en base a consideraciones sanitarias y ambientales.

Así, se presenta un conflicto entre el desarrollo económico y el desarrollo humano: ambos deben ser considerados y tomados en cuenta, buscando encontrar un punto de equilibrio que haga posible la adopción de medidas previas de seguridad y control que permitan la explotación racional de ese recurso natural no renovable sin poner en riesgo la salud de los pobladores. La legislación minera debe incorporar esos aspectos a efecto de conciliar puntos de vista encontrados.

A lo largo de nuestra historia, los distintos gobiernos, desde Marco Aurelio Soto a la fecha, han priorizado las concesiones a compañías extranjeras, otorgándoles tierras, aguas y exenciones fiscales, colocando en un segundo plano los derechos de nuestros compatriotas. Ha llegado la hora de legislar de manera equitativa que permita la inversión de capitales y transferencia de tecnologías sin por ello descuidar el bienestar físico de los pobladores, a efecto que los frutos del desarrollo beneficien a ambas partes.