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No hubo acuerdo. A pesar de que en Lima, el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, ya viene anunciando la reubicación de cerca de 3,400 colonos de la cuenca del río Inambari, para permitir la construcción de la cuestionada Central Hidroeléctrica de Inambari, ayer, en San Gabán (Puno), otro fue el contundente mensaje de los pobladores de esta localidad: “no nos moverán”.

Una muchedumbre de aproximadamente 1,500 personas, que se congregó en el patio del I.E. Agrondustrial-San Gabán para participar en el ‘Conversatorio sobre la Interconexión Eléctrica Perú -Inambari’, que fue presidido por el viceministro de Energía y Minas,  Daniel Cámac, rechazó por unanimidad las propuestas del gobierno y demandaron la salida inmediata de la empresa Egasur (Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur) del territorio.

Las propuestas del gobierno
Desde las siete de la mañana, los habitantes y dirigentes de los centros poblados de Chiallumayo, Tantamayo, Lechemayo, Carmi, Salimayo, Puerto Monoa, entre otros, abarrotaron las instalaciones del colegio para escuchar las propuestas de la empresa (cuyos directivos curiosamente brillaron por su ausencia) que fueron interlocutadas por el viceministro Cámac.

Entre ellas, el funcionario indicó a esta población que la empresa Egasur (integrada por las empresas brasileñas OAS, Electrobrás y Furnas) proyecta invertir más de US$ 4,000 millones en la construcción del proyecto Inambari, cuya potencia instalada para generar electricidad se estima en 2,200 megavatios (Mw).

“Han hablado en algún momento de compensaciones por 200 millones de dólares, pero estarían incluidos dentro de los 4,000 millones de inversión total.  Pero este es un valor referencial porque si el proyecto requiere más compensaciones se tendrá que gastar más”, refirio Cámac, en la víspera y durante una conferencia en la Central Hidroeléctrica San Gabán (a dos horas del centro poblado).

El funcionario explicó que de concretarse la obra Egasur realizará un pago anual para compensar al país por la destrucción de los bosques, dinero que se destinará a un fondo para la reforestación y conservación de las áreas naturales protegidas.