En los últimos meses se ha escuchado en numerosas oportunidades a la presidenta de la Nación Cristina Kirchner pronunciar discursos en los que despotrica contra los monopolios y reniega de lo ocurrido en los años ‘90, cuando se profundizó al máximo la extranjerización de la economía y la entrega de los recursos naturales a un puñado de multinacionales.
Pero la realidad, como decía el General Perón, es la única verdad. No sólo el Gobierno nacional hizo poco y nada para desarticular el entreguismo de los años ‘90, sino que en muchos casos avaló y profundizó los negociados. Uno de los ejemplos concretos es el trato preferencial que la administración K le viene dispensando a Barrick Gold, una de las multinacionales mineras más importantes del mundo que, desde los años ‘90, viene saqueando los recursos naturales de nuestro país.
La semana pasada, un enviado de la Barrick, el expresidente español José María Aznar, habría mantenido una comunicación con la presidenta Cristina Kirchner. Según trascendió, la primera mandataria le habría dado plenas garantías de que una nueva gestión kirchnerista no modificará en nada el esquema impositivo que tanto la favorece. Por la ley de Inversiones Mineras sancionada en 1993 -ratificada en 2001- y por los decretos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, las compañías están exentas de la obligación de liquidar en el país las divisas de sus exportaciones. No pagan retenciones, ni impuesto al gasoil, tasa de sellos ni tasa de estadísticas. Tampoco respetan la legislación de protección del medio ambiente, por lo que en distintas provincias del país hay numerosas denuncias sobre la megaminería a cielo abierto.