BOLETIN DE NOTICIAS de MOVIDA AMBIENTAL

Las alarmas han vuelto a encenderse en la Amazonia brasileña. Por si no era bastante con la polémica construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte, en el río Xingu, llamada a ser la tercera mayor del mundo, el Gobierno de Dilma Rousseff ha comenzado a dar los pasos para construir el no menos controvertido Complejo de Tapajós, un conjunto de seis hidroeléctricas que recorrerá el valle de los ríos Tapajós y Jamanxim, en el estado de Pará, una región que alberga el mayor conjunto de áreas protegidas de todo Brasil. Para iniciar el proyecto, cuya primera usina comenzaría a funcionar en 2016, el Gobierno reducirá este mismo mes el área de tres unidades de conservación, entre ellas el Parque Nacional de la Amazonia, el más antiguo de la región. La Amazonia perderá unas 78.000 hectáreas de áreas protegidas. Y otros cuatro parques naturales están en el punto de mira del Ejecutivo.
Arrecian las mismas críticas que han teñido las idas y venidas del proceso de Belo Monte, todavía en fase de licitación tras ser bloqueado varias veces por la justicia y la presión internacional: un Gobierno empecinado en sacar adelante obras que sitúa como estratégicas para el suministro energético y el desarrollo económico del país, frente a la resistencia no sólo de asociaciones ecologistas e indígenas, sino también de científicos y técnicos que cuestionan la viabilidad económica, social y medioambiental del mastodóntico proyecto. Se prevé que, de salir adelante tal como ha sido planteado, el Complejo de Tapajós inundará 200.000 hectáreas de selva (un área similar a la isla de Tenerife) y afectará a un territorio indígena. Como en el caso de Belo Monte, la presidenta Dilma Rousseff parece tenerlo tan claro como su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva. No en vano Dilma, todavía como ministra de Lula, fue la creadora del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), el ambicioso plan de infraestructuras en el que se engloba la obra de Tapajós y que simbolizó el choque entre desarrollismo y ambientalismo que precipitó la salida del Ejecutivo de la entonces ministra de Medio Ambiente, la senadora Marina Silva.

Beneficios privados

"No sólo las represas conllevan riesgos sociales, económicos y medioambientales incalculables; se trata de un problema que requiere un debate político más amplio", afirma Rogério Honn, miembro de la coordinación nacional del Movimiento de los Afectados por las Represas. "Gran parte de la población brasileña sigue sin tener acceso a la electricidad, y la factura de la luz está entre las más caras del mundo: de estas megapresas sólo sebenefician los intereses privados", añade. Grandes beneficios para las grandes empresas, mientras los pequeños agricultores y los indígenas ven cómo "se acaba con su forma de vida", añade Rogério.