BOLETIN DE NOTICIAS de MOVIDA AMBIENTAL

Más de 60 pobladores del céntrico valle de Siria, quienes se encuentran con altas concentraciones de plomo, arsénico y cianuro en su sangre, continúan a la espera de un dictamen oficial sobre los efectos que el agua contaminada de una mina de oro pudiera haber provocado en sus organismos.

Hace más de tres años que las autoridades sanitarias hondureñas tomaron muestras de laboratorios que fueron enviadas para su estudio a Colombia, pero se niegan a entregar resultados por escrito de las evidencias encontradas.

Entre tanto, Honduras sigue en espera de una ley de minería que, tras años de estancamiento y limbo jurídico, termine de abrir las puertas a la inversión privada, tal como esperan las multinacionales, o establezca mayores controles ambientales, como lo solicita un amplio sector de la ciudadanía.

Oro que contamina
Tras el paso del huracán Mitch en 1998, Honduras abrió sus puertas a las multinacionales, hasta el punto de que hoy un tercio de su territorio está concesionado a empresas mineras, con un total de 157 licencias de explotación.

Una de las concesiones más significativas es la mina de oro San Martín que se entregó el año 2000 a Entre Mares, subsidiaria de la canadiense Goldcorp, la tercera mayor productora de oro en el mundo. Pronto nació la oposición a la minera ante las serias sospechas de que la misma era altamente contaminante y dañina para los pobladores de los municipios de San Ignacio, Cedros y El Porvenir, que se extienden en el valle de Siria, en el departamento de Francisco Morazán.

Su caso se convirtió en un paradigma de los problemas que la extracción minera a cielo abierto causa a la salud de la población. De acuerdo con denuncias del Comité Ambientalista del Valle de Siria, el agua contaminada del perímetro de la mina ha penetrado a las quebradas que son usadas para consumo doméstico y agrícola.
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