MALDITOS

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Una BANDA que causa FURIA: Los BARRICKTURROS

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Comunero murió por disparos de bala realizados por personal de la empresa de seguridad de compañía minera Pampamali SA. Pobladores piden la presencia de una Comisión de Alto Nivel del Gobierno para encontrar una solución al conflicto.

Un comunero de Buenavista murió ayer víctima de disparos de bala durante el Paro Provincial de 24 horas en Angaraes, región Huancavelica, Perú. Las comunidades piden la presencia de una Comisión de Alto Nivel del Gobierno Central. Su demanda central es el retiro de la Empresa Minera Pampamali SA.
En la mañana de hoy advirtieron acerca del envío de fuertes contingentes policiales desde la vecina región de Ayacucho.
El Paro Provincial de ayer fue pacífico, lo cual fue verificado por representantes de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Policía Nacional, quienes hicieron el inventario de los bienes de la mina cuando las comunidades tomaron en campamento de Pampamali, donde permanecen hasta este momento.
Los disparos se produjeron cuando un grupo de dirigentes acompañaba a salir de Pampamali al congresista por Huancavelica Miró Ruiz Delgado, cuyo auto fue interceptado por los trabajadores de la mina y un grupo de comuneros afines a la misma.
Carlos Alejandro Candiotti Ordóñez, dirigente local y Secretario de Capacitación y Cultura de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por al Minería (CONACAMI), dijo que en ese momento fueron atacados por una lluvia de piedras y luego empezaron los disparos provenientes de los agentes de seguridad de la mina. “Disparaban al cuerpo, las balas rebotaban y tuvimos que escapar”, señaló.
Miembros de la empresa de seguridad de la minera ya reconocieron ser los autores de los disparos y sus Armas han sido incautadas por la Policía Nacional.
El dirigente agregó que está recibiendo amenazas de muerte. Carlos Candiotti es uno de los 16 comuneros indígenas procesados como consecuencia de la primera toma del campamento minero de Pampamali el 6 de noviembre del 2007, la cual ocurrió luego de frustrarse la participación de las comunidades en una audiencia pública convocada por el Ministerio de Energía y Minas. La denuncia penal fue presentada por la Empresa Minera Pampamali contra dirigentes y autoridades de Secclla y Lircay, para quienes han solicitado penas de cárcel de hasta 20 años.

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MARCHA DE LOS PUEBLOS 9/12/11

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