BOLETIN DE NOTICIAS de MOVIDA AMBIENTAL

Un nuevo desborde social sacude Perú, en vísperas de la segunda vuelta de la elecciones presidenciales del 5 de junio. La población de la región altiplánica de Puno, limítrofe con Bolivia, se ha movilizado en gran número para exigir al Gobierno de Alan García que declare sus tierras libres de minería y, en concreto, que se derogue un decreto supremo que permite la operación a la minera Santa Ana. Tras 20 días de protestas, más de 10.000 personas, la mayoría de la etnia aimara, han tomado la ciudad de Puno, bloqueado las principales carreteras de la región, saqueado negocios y quemado vehículos. También han cerrado el tráfico en la frontera, lo que, de acuerdo con la prensa boliviana, ya habría causado pérdidas de unos 40 millones de dólares en el país vecino.

La violencia ha ido creciendo con el paso de los días y el jueves llegó a su punto más álgido, con grupos de manifestantes agrediendo a latigazos a las personas que no se sumaban a las protestas en las calles y atacando a los periodistas que cubren los disturbios. Varios edificios públicos han sido vandalizados, entre ellos los de la fiscalía, la superintendencia tributaria y la Contraloría General de la República, donde se robaron varios ordenadores y se destruyeron documentos, además de retener contra su voluntad a 14 trabajadores. También fueron saqueados varios negocios y oficinas privadas, entre ellas la de Telefónica del Perú.