BOLETIN DE NOTICIAS de MOVIDA AMBIENTAL

En la actualidad existen en nuestro país una cantidad considerable de derechos mineros vigentes, de los cuales muchos representan concesiones, otros son contratos mineros y unos pocos corresponden a  contratos otorgados por el antiguo Ministerio de Energía y Minas (MEM). Estos derechos totalizan una superficie aproximada de 1.363.005 hectáreas. Del total de estas tierras, cerca del 90% están totalmente inactivas, es decir, en todos estos años los “ocupantes” de estas grandes áreas no han hecho absolutamente nada, no removieron una sola piedra ni cavaron solo un hueco, no realizaron los trabajos que el Estado Venezolano  les asignó, lo que constituye una evidente  trasgresión a las Leyes venezolanas.

Es evidente y público cual es la práctica de muchas de estas empresas controladas por transnacionales o grupos privados venezolanos, los cuales ostentan el control de las tierras para especular en las bolsas de valores del mundo sin aprovechar productivamente estas superficies. Mientras tanto, y en consecuencia de esto, se acumula una larga lista de irregularidades que impactan muy negativamente al País y sobre todo a la vida de los pequeños mineros. En muchas áreas la producción registrada difiere de la producción real; los precios de venta de los minerales son inferiores a los precios de mercado; grandes extensiones fueron otorgadas a pocos concesionarios; desconocimiento del destino de la producción de los minerales; exploración irracional de los yacimientos; empresas constituidas o domiciliadas en paraísos fiscales. Es decir, depredación ambiental; contrabando; descontrol sobre la producción, sobre el territorio y la defensa nacional; graves problemas de analfabetismo, criminalidad, prostitución, tráfico, trabajo infantil. Estos resultados son muy contradictorios con la gran potencialidad de la minería en nuestro país: por un lado, la inmensa fortuna del subsuelo Venezolano; por otro, miles de compatriotas que se encuentran aún abandonados en la miseria en las distintas poblaciones al sur del Estado Bolívar.

Desde el aspecto económico igualmente se verifica la paradójica pobreza de la población, frente a la colosal riqueza de que representan los recursos  minerales. Aunque la contribución de la actividad minera al Fisco ha aumentado en los últimos años, los impuestos mineros liquidados como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) son muy bajos. Además de esto, hoy día la minería tiene impacto insignificante en la generación de empleos directos e indirectos, alcanzando menos del 1% de la Población Económicamente Activa. La minería podría aportar mucho más a la sociedad y la economía venezolana, pero, por las razones anteriormente descriptas, su contribución es históricamente baja.
Debido a la mala conducción de la política minera desde hace muchos años, actualmente la actividad minera es nociva al país. Por esto, en la Exposición de Motivos del Proyecto de Reforma de la Ley de Minas, que actualmente se encuentra en la asamblea nacional y que se elaboró en conjunto con las comunidades de pequeños mineros, se afirma que "la existencia de explotaciones al margen de la Ley nos enfrenta al hecho de que gran parte de la actividad minera que se desarrolla actualmente es una actividad ilegal".

DEBEMOS RESCATAR LA SOBERANÍA NACIONAL SOBRE LOS RECURSOS MINERALES.  Este planteamiento lo podemos basar en lo expresado por el Libertador Simón Bolívar el 24 de octubre de 1829 en aquel memorable Decreto en la ciudad de Quito, donde determinó que "la propiedad sobre las minas de cualquier clase pasa al dominio  de la República". Aunque esto consta en la Ley de Minas actual –concebida bajo los principios de la Constitución de 1961– el célebre mandato del Libertador no ha sido respetado. A más de 180 años después, el MIBAM y la Revolución Bolivariana deben defender la efectiva nacionalización de nuestras riquezas y la creación de un régimen transitorio, que sustituya las actuales concesiones mineras por empresas mixtas y asociaciones estratégicas donde la revolución conserve siempre la mayoría accionaria. La salida definitiva debe ser "No más concesiones".