Frenar los desalojos campesinos y declarar la función social de la tierra son dos de los ejes del proyecto de ley impulsado por organizaciones campesinas del país que, en un hecho con pocos precedentes, se unieron para consensuar los artículos y planificar acciones directas para asegurar la aprobación de la norma. De sancionarse, será un primer gran freno al modelo de agronegocios que, con la soja como estandarte, implicó el avance de la frontera agropecuaria y provocó la expulsión de 300 mil familias campesinas e indígenas. El proyecto de ley es impulsado por la base de la pirámide del sector campesino, en los antípodas de la Mesa de Enlace, y cuenta con el apoyo de legisladores del Frente para la Victoria y Nuevo Encuentro, y el visto bueno del Ministerio de Agricultura de la Nación. “Es una iniciativa nacida de la diversidad de organizaciones, que somos quienes padecemos y enfrentamos el modelo de agronegocios. Será un freno legal a las topadoras, y vamos por más, por las tierras que nos arrebataron”, explicó Miriam Bruno, del Foro de la Agricultura Familiar (Fonaf).