BOLETIN DE NOTICIAS de MOVIDA AMBIENTAL

La agresión de los paramilitares de Ubisort y MULT-PUP contra el municipio autónomo de San Juan Copala ha sido cuidadosamente descifrada y denunciada. Falta, sin embargo, atender un punto que reilumina la interpretación: los yacimientos mineros de Juxtlahuaca, el pequeño municipio donde el gobierno de Oaxaca decidió, desde 1948, encerrar y castigar al ancestral Chumaa de San Juan Copala, arrebatándole a esta asamblea territorial de los triquis su reconocimiento como municipio soberano de la entidad.

Aunque con tradición minera, Oaxaca y el sureste de México eran consideradas regiones de baja productividad minera. Pero la enormísima demanda global de minerales, la consiguiente crisis de reservas mineras, y la revolución en las técnicas y la geografía de la extracción, hacen que hoy se pretenda explotar reservas de rocas con muy poca y dispersa mineralización.

Con estos criterios, ahora 70 por ciento del territorio nacional, según declara cínicamente Sergio Almazán (director general de la Cámara Minera de México), es considerado como susceptible de contener “grandes yacimientos”.

No parecen importar el inquietante agotamiento de los recursos, la elevación de sus precios, la aplicación de nuevas y costosas técnicas extractivas, la escala descomunal de las minas, la baja tasa y la alta masa de ganancias, y los descomunales pasivos ambientales que se generan.

Es la minería a cielo abierto, que demuele montañas enteras con 2 ó 3 grandes explosiones por día. En breves lapsos se forman descomunales cráteres de 6 kilómetros de largo, 2 a 4 de ancho y entre 3 y 5 de profundidad, mientras millones de toneladas de roca se trituran al tamaño de una pulgada, para luego lixiviarlas con grandes montos de variadas sustancias químicas. Hay una brutal ruptura de los flujos subterráneos de agua, una contaminación indescriptible de los ríos, mientras montañas de lodos tóxicos se disuelven con las lluvias, envenenando regiones y poblaciones enteras.