Viana cuestionó como "antijurídica la conducta de la Administración Pública demandada, en relación con la multinacional Botnia-UPM, por cuanto ha obrado promoviendo la instalación y el funcionamiento de su emprendimiento celulósico, asumiendo una postura de socio, y defraudando así su deber fundamental en la protección ambiental". Asimismo, en el escrito que presentó hace una semana el fiscal señaló al Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente de Uruguay como posible "responsable por la omisión en el cumplimiento de su deber fundamental de protección del medio ambiente".
Y, según el planteo que publicó hoy el portal Análisis Digital, reclamó que "se lo condene a su observancia, interdictándose o prohibiéndose la instalación y la operativa de la fábrica de celulosa de Botnia -actualmente conocida también bajo la denominación UPM".
La empresa papelera fue considerada por el fiscal como "una de las cinco más contaminantes del planeta". Viana sostuvo que el Estado uruguayo ha "confundido sus roles" en la vinculación con la empresa, lo que lo llevó a "co-gestionarla, a facilitar y a promocionar su instalación", cuando su deber consiste en "evaluar y controlar ambientalmente a una industria".
"Con las aprobaciones legislativas del Acuerdo del CIADI y del Tratado de Inversiones con Finlandia, el Estado consintió sendos actos prohibidos por la Constitución de la República, pues en ambos cedió soberanía nacional", acotó. El fiscal consideró que "los artículos únicos de las leyes 17.209 y 17.759 son inconstitucionales y así deberán ser declarados por la Suprema Corte de Justicia, disponiendo su inaplicabilidad en la causa".