Desde el mes de noviembre de 2009 hemos estado librando una dura batalla pública contra un odioso contrato otorgado por el presente gobierno en favor de una empresa minera internacional que en pleno siglo XXI ha venido a colonizar al sector minero nacional, con la complicidad de ciudadanos genuflexos y serviles que se sientan en despachos ministeriales, en asientos congresuales, en alcaldías municipales y en agencias publicitarias que venden sus servicios al mejor postor, aunque esos servicios sirvan para persuadir al pobre pueblo dominicano de que lo que le conviene a la Barrick le conviene al país.
Los funcionarios del presente gobierno han dicho una y otra vez que el contrato de la Barrick le garantizará al país el 50% de los beneficios de la explotación del oro, la plata, el cobre y el cinc de la mina de Pueblo Viejo, Cotuí, sin embargo, siempre hemos respondido que eso no es lo que dice el contrato, porque en ese nuevo contrato se ha eliminado el 25% de participación en las utilidades netas hasta recuperar una inversión inflada de 3,500 millones de dólares y hasta obtener una tasa interna de retorno de 10%; se le exonera del pago de impuestos y lo único seguro es un 3.2% de las ventas.
