En realidad no coincidimos con estas apreciaciones:
a) pretender atribuír a la incompetencia de los funcionarios de minería el permiso de exploración Pilciao 16 es una simplificación peligrosa e increíble. Seguramente los funcionarios de minería son incompetentes, pero el señor juez debería presentar su renuncia por su propia incompetencia demostrada al dictar sentencia en la concesión de un área de exploración minera en la misma ciudad de Andalgalá sin haber revisado ni siquiera los antecedentes, los planos, las coordenadas, etc.
La decisión de "entregar todo" a las mineras está tomada desde hace tiempo por sucesivos gobernantes provinciales y nacionales, y el juez de minas Cerda es un garante de la tranquilidad para las empresas.
b) El caso SOMICA es una larga historia de corrupción y robo a mansalva, en la cual ni el juez Cerda ni el gobierno provincial tienen el menor interés en que se aclare y se procese a los culpables.
c) Coincidimos con respecto a la inexistencia de controles a las mineras y en que los requisitos y cánones para otorgar las concesiones de áreas mineras son ridículos. Pero las concesiones no se las dan a "cualquier especulador" sino a los amigos del poder político.
d) Por último, con lo que disentimos totalmente es con el "mensaje" de la nota. Pretende mostrar al Estado como un "bobo" incapaz de ejercer controles y de realizar en forma eficiente sus tareas y responsabilidades. Este mensaje lo venimos escuchando sin pausa desde Martínez de Hoz y de lo que se trata en realidad es que los gobernantes y funcionarios son CORRUPTOS y SOCIOS de las empresas mineras y ellos son los responsables de que tengamos no "Estados Bobos" sino ESTADOS COMPLICES DEL SAQUEO Y LA CONTAMINACIÓN.
En todo caso, los "bobos" seríamos todos nosotros si permitimos que sigan haciendo lo que quieren estos CORRUPTOS.
También es necesario aclarar que esta megaminería que nos quieren imponer no es viable NI SIQUIERA CON CONTROLES, porque su esencia es la DESTRUCCIÓN,el SAQUEO y la CONTAMINACIÓN.


Movida Ambiental

a continuación la nota:

Un palmario rasgo de incompetencia terminó de confirmar la precariedad de la política minera provincial después de una semana en la que volvió a quedar expuesta por una investigación penal federal que reactivó los interrogantes en torno a SOMICA DEM: debido a información errónea proporcionada por la Secretaría de Minería, se le otorgó a la empresa privada Billiton la concesión para explorar y eventualmente explotar un área ubicada debajo de la ciudad de Andalgalá.
El despropósito generó una polémica que lleva más de dos meses y que las autoridades de Minería han sido incapaces de acallar. Organizaciones ambientalistas alentaron el corte de una ruta y la controversia en base a un informe que dejaba abierta, en su párrafo final, la alternativa absurda de que el Estado provincial indemnizara a la población de la Perla del Oeste en caso de juzgar conveniente para sus intereses avanzar en la explotación del supuesto yacimiento.
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