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Una BANDA que causa FURIA: Los BARRICKTURROS

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Perú: Minería impuesta a sangre y fuego

Por Wilwer Vilca Quispe

En el Perú el gobierno de Alan García se empeña en mantener y profundizar su política económica neoliberal e impone actividades mineras, de hidrocarburos y forestales en los territorios de las comunidades y pueblos indígenas, anteponiendo el interés individual de las empresas sobre el derecho de propiedad comunal, con el argumento del crecimiento y el desarrollo económico. Para ello no duda en expedir normas inconstitucionales ni, peor aun, en recurrir a la fuerza militar y policial, incluyendo la muerte de autoridades y líderes indígenas. Es la aplicación de su “filosofía” expresada en “El síndrome del perro del hortelano”, ya convertida en programa de gobierno.

Una radiografía de esta política la constituye el proyecto minero Río Blanco, de las empresas Xiamen Zijin Mining (china) y Monterrico Metals (británica), a las que el Estado dota de cuerpo policial y militar para proteger sus operaciones. “Protección” que hasta la fecha ha provocado la muerte de cinco indígenas, entre autoridades y líderes, además de dejar heridos, torturados y secuestrados. Al mismo tiempo se despliega todo el Poder Judicial para denunciar y procesar a los líderes que exigen respeto a sus derechos territoriales y modelos de desarrollo, los cuales fueron ratificados en una Consulta Vecinal desarrollada el 16 de septiembre de 2007, cuando más del 90 por ciento de la población de la zona rechazó la presencia minera en sus territorios.

Es bastante conocido por la comunidad internacional que América Latina en general basa su economía en la exportación primaria de minerales. Por eso los gobiernos ofertan espacios territoriales de los pueblos indígenas, para que toda empresa interesada obtenga concesiones para la exploración y explotación. A esta actividad económica se le da máxima prioridad, por lo que todo proyecto minero viable económicamente es declarado de “interés nacional”, para cubrir de legalidad la violación de todos los derechos de las comunidades y pueblos indígenas.

La estadística de concesiones mineras en el Perú demuestra que sólo en el lapso de un año (de noviembre de 2008 a noviembre de 2009) el territorio nacional concesionado a la minería se expandió del 13.46% al 15.38%. Es decir, 19,573.752 hectáreas poseen hoy concesiones mineras, sin contar las concesiones de hidrocarburos que a la fecha abarcan el 75% del territorio de la amazonía peruana. Este mapa de concesiones viene provocando conflictos sociales en todo el país. La Defensoría del Pueblo registró en octubre de este año 286 conflictos, de los cuales 132, es decir el 46%, corresponden a conflictos socioambientales.
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MARCHA DE LOS PUEBLOS 9/12/11

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