Por: María Teresa Ronderos
EL MIÉRCOLES QUE PASÓ, LA W RAdio confrontó a un vocero de la minera Medoro Resources sobre qué había querido decir cuando le declaró a Al Jazeera que, para conseguir que Marmato y sus mineros tradicionales se muden a otro lado "hay presiones del gobierno que pueden ayudar, etc., podemos negociar, podemos compensarlos con nuestra chequera". El pueblo caldense de 475 años está anclado en una montaña debajo de la cual se calcula yacen 6,6 millones de onzas de oro y 37 millones de onzas de plata que la empresa canadiense planea explotar a cielo abierto.
Más allá de las contorsiones verbales del vocero para aclarar que “las presiones” y “la chequera” no implicaban nada ilegal, la polémica entre la empresa y los habitantes de Marmato, que se movilizaron para protestar contra el reasentamiento, nos da un vistazo de lo que está en juego con la publicitada locomotora minera.
Antes de empezar, el gobierno Santos ya tenía una pesada herencia: ocho millones de hectáreas tituladas para minas, sin estrategia, ni orden, y de esas, 122 mil en páramos y otras muchas en reservas ecológicas o étnicas. Y según los cálculos del experto Guillermo Rudas, en 2009 el gobierno Uribe les dio a las mineras exenciones tributarias por un billón de pesos (sin incluir el rubro de carbón), pero éstas apenas le giraron regalías al país por la tercera parte, 320 mil millones. Otros estudiosos calculan que la proporción de ingresos que le quedan a Colombia por la explotación de estos recursos naturales no renovables es mucho menor que la que les queda a Chile y a Perú.
Además, una caterva clientelista dejó a Ingeominas, el administrador de la minería, hecho una cueva de Alí Babá, según lo denunció el propio Minminas. Y nuevos agujeros legales en la reforma al código minero incentivaron las inversiones ficticias y las dragas destructoras de los narco-paras que hicieron del oro su lavandería, como lo confesó Salvatore Mancuso.
Antes de empezar, el gobierno Santos ya tenía una pesada herencia: ocho millones de hectáreas tituladas para minas, sin estrategia, ni orden, y de esas, 122 mil en páramos y otras muchas en reservas ecológicas o étnicas. Y según los cálculos del experto Guillermo Rudas, en 2009 el gobierno Uribe les dio a las mineras exenciones tributarias por un billón de pesos (sin incluir el rubro de carbón), pero éstas apenas le giraron regalías al país por la tercera parte, 320 mil millones. Otros estudiosos calculan que la proporción de ingresos que le quedan a Colombia por la explotación de estos recursos naturales no renovables es mucho menor que la que les queda a Chile y a Perú.
Además, una caterva clientelista dejó a Ingeominas, el administrador de la minería, hecho una cueva de Alí Babá, según lo denunció el propio Minminas. Y nuevos agujeros legales en la reforma al código minero incentivaron las inversiones ficticias y las dragas destructoras de los narco-paras que hicieron del oro su lavandería, como lo confesó Salvatore Mancuso.