Desde enero de 2008, en Redeyef, al sudoeste del país, muy cerca de la frontera argelina, un movimiento de masas de grandes dimensiones -compuesto de trabajadores precarios, parados y viudas de mineros- inquieta al gobierno del presidente Ben Alí, el cual se presenta por quinta vez como candidato para dirigir una nación que se ahoga entre la crisis y la censura. De ahí que los jóvenes huyan “en busca de ilusiones más allá del mar”.

“Lo que hacen es inaceptable. Ante Dios y ante los hombres”, dice Yasmina Slama-Hlaimi. Se refiere al trato que las autoridades han infligido al pueblo de las minas. Y añade : “Mientras no se respete el derecho, mientras no se mejoren las condiciones de los parados, de las mujeres, de los obreros, de los jóvenes en la universidad, mientras no cesen la injusticia y la corrupción, no nos detendremos. Mientras tengamos que luchar, aquellos de nosotros que mueran serán mártires y los que sobrevivan serán felices... Prefiero que mueran diez de nosotros para que cuarenta puedan vivir dignamente, antes que morir todos en silencio y poco a poco”. Slama-Hlaimi tiene casi 70 años, es viuda de un minero y ha sacado adelante ella sola a una hija y seis hijos en Redeyef. Esta ciudad de la región de Gafsa, en el sudoeste de Túnez, junto a la frontera argelina, es el foco principal de la revuelta de la cuenca minera del fosfato tunecino. Desde enero de 2008, un movimiento de revuelta de grandes dimensiones ha sacudido esta región de más de 3000.000 habitantes, una de las más pobres del país y con una tasa de desempleo oficial que dobla la media nacional. La Compañía de Fosfatos de Gafsa, principal proveedor de trabajo de la región, contrata cada vez menos gente, transforma en precaria a la mayor parte de la mano de obra y cuando distribuye algunos puestos de trabajo estable lo hace en base a un sistema de corrupción y nepotismo gestionado mano a mano por los dirigentes del Partido en el poder y algunos burócratas sindicales.

La Compañía, que explota el principal recurso natural del país desde hace más de un siglo, fue gestionada durante mucho tiempo por las autoridades francesas con arreglo a la lógica predatoria de las relaciones coloniales (una explotación intensiva de los recursos y de la mano de obra local indiferente a la reproducción de las condiciones sociales de vida y de producción, sin inversiones locales ni desarrollo de servicios e infraestructuras públicas).