Ayer se denunció que una camioneta en la que iban diez miembros del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), que lidera Adolfo Pérez Esquivel, fue interceptada en la ruta por “los promineros” que les pidieron que se identificaran, actuando como si fueran “una fuerza de seguridad”.
En la ciudad de Catamarca, el ministro de Gobierno, Francisco Gordillo, reconoció que se enviarán “unos 90 policías” con destino a Andalgalá, para reforzar la vigilancia en la zona. Grupos ambientalistas de distintas provincias confirmaron que mañana participarán de la marcha programada en Andalgalá, donde se ratificará la oposición a los emprendimientos actuales y a futuros proyectos mineros, a la vez que se repudiarán los incidentes ocurridos en 2010, donde hubo manifestantes heridos, automóviles incendiados y destrozos en edificios públicos. Esa manifestación fue en contra de la puesta en marcha del yacimiento de Agua Rica.
Frente a la situación planteada, el Serpaj –que conduce el Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel– presentó ayer en los tribunales de Catamarca un hábeas corpus preventivo para “resguardar la integridad física de las personas que participan de las protestas contra la megaminería”. El Serpaj criticó “la represión contra los vecinos de Tinogasta”, ocurrida el viernes pasado en esa localidad catamarqueña.
El organismo de derechos humanos cuestionó las intervenciones que tuvieron la fiscal subrogante Liliana Carrizo y la policía provincial. El recurso preventivo fue presentado por la coordinadora nacional del Serpaj, Ana Almada, y por la abogada Mariana Katz. El Serpaj pidió que “se garanticen los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de peticionar y reclamar”, respetando los artículos 14 de la Constitución Nacional y los artículos 7 y 10 de la Carta Magna de Catamarca.
Por esa razón pidió al Estado nacional y al provincial que “provean de estos derechos fundamentales que hacen el edificio institucional de la democracia”. Ana Almada denunció que ayer un grupo “prominero” interceptó en el acceso a Andalgalá a una camioneta del Serpaj, e identificaron a cada uno de los ocupantes del vehículo, como si fueran policías.
Por su parte, la empresa Minera Alumbrera, que opera la mayor mina de Catamarca, aseguró ayer que “no es responsable” ni tiene “ningún tipo de relación con la aparición de grupos de choque” en Andalgalá. De esa forma respondió a la acusación formulada por los asambleístas. La compañía sostuvo que “la participación de sus empleados en los acontecimientos reflejados en los medios de prensa sobre el cercenamiento a la libertad de expresión es absolutamente falsa”. Agregó que “respeta y hace respetar el trabajo de los periodistas y la libertad de expresión democrática”.

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