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Reportaje

Después de haber afirmado en campaña electoral que se debía exigir a la industria minera un 40 por ciento por la explotación de bienes estatales, el presidente Otto Pérez Molina firmó un acuerdo de “regalías voluntarias” con las empresas extractivas. A doce días de la toma de posesión, en un afán por firmar el acuerdo, el gobierno ignoró al complejo entramado social, ambiental y económico que interviene en la actividad. Este ejercicio de “buena voluntad” entre empresas mineras y gobierno, una veinteava parte menor de lo que Pérez pedía, vierte pólvora sobre viejos, pero muy vivos conflictos.

Por Alejandra Gutiérrez Valdizán 21 Febrero, 2012 - 08:41

La clave de este negocio es ir a lo profundo, extraer de la tierra minerales y comercializarlos. Parece simple, pero no lo es. Porque en la industria minera se utilizan bienes estatales (los minerales del subsuelo), se potencian riesgos ambientales y, ante todo, revientan conflictos sociales por el territorio. Pero, por otro lado, las empresas extractivas tienen la capacidad de generar jugosas ganancias y, en algunos casos, ingresos positivos para un país. 

Es decir, en el escenario están los protectores del ambiente y de derechos humanos, que consideran a la minería como una de las más nefastas estrategias para alcanzar el desarrollo; en otro punto se encuentran las industrias mineras que creen que la riqueza en el subsuelo debe aprovecharse en vez de dejarla reposar y, como cualquier empresa, tener márgenes de ganancia que hagan rentable la actividad. Algunos actores proponen la explotación minera como uno de los bastiones del desarrollo –sin obstáculos burocráticos o ambientales-, por otros consideran que se puede promover la minería, bajo estrictos controles ambientales y rigurosas cargas impositivas. Y en un rincón olvidado están las comunidades a las que se les instala una industria que afecta su ambiente en plena vecindad. En fin, todos los ingredientes para provocar un caldo de conflictos. En un mundo feliz sería el Estado, el gobierno, quien se instituiría como mediador entre tantos intereses encontrados. Pero no lo es.

En la firma del convenio, Pérez Molina expresó: “el diálogo franco y sincero entre el Ejecutivo y el sector privado permitió alcanzar el acuerdo”. Mientras que Andrés Castillo, presidente de la Cámara de la Industria, consideró que la firma “permite concretar una alianza y confianza del sector privado con el nuevo gobierno”. Este compromiso que “permitirá que las regalías generadas por la actividad minera de metales no preciosos se incremente del 1 al 3 por ciento, mientras que la de metales (oro y plata), se incrementen al 4 por ciento” –Montana Exploradora se compromete a un cinco por ciento por ventas brutas- fue avalado por el Ministro de Energía y Minas (MEM), Érick Archila; y como testigos de honor los Ministros de Finanzas, Pavel Centeno, y de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Roxana Sobenes.

Además, el convenio establece una cláusula, que indica que “se desactiva el porcentaje de regalías cuando los metales básicos y preciosos que se indican en el presente convenio alcancen los precios de: níquel, $6.50 por libra; plomo, $0.75 por libra; y zinc $0.75 por libra. La plata, $16.00; y el oro a $975".  La redacción del acuerdo no aclara si se refiere a que pagarán si el precio supera las cifras establecidas; o cumplirán el acuerdo si los precios se mantienen por debajo de éstas. En el 2011 el oro alcanzó un máximo histórico de US$1,923 la onza; y el pronóstico de 2012 es que incluso podría llegar a US$2000.Lo que implicaría que si el pacto fuera pagar cuando los precios son menores a los determinados, el pago de regalías, en determinados materiales, quedará en la misma cifra –el uno por ciento-. Tampoco hace referencia a productos mineros no metálicos, como los materiales de construcción.

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