MALDITOS
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Una BANDA que causa FURIA: Los BARRICKTURROS
El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel junto con Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora se presentaron hoy (24/02) ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar su intervención ante "la criminalización, represión y judicialización de la protesta" en las manifestaciones contra la Megaminería a cielo abierto.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- En un intento de evitar que la represión en Catamarca con La Alumbrera y los casos en La Rioja y Tucumán queden impunes, este viernes 24/02 Pérez Esquivel y Nora Cortiñas le solicitaron a la Corte "la creación en su ámbito de una Oficina de seguimiento de la criminalización y represión", además de denunciar "la criminalización, represión y judicialización de la protesta es una política nacional que se está profundizando" y que "los poderes judiciales y las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales son los ejecutores principales".
Según se informó, el eje de la presentación es "frente la situación de represión y criminalización de la protesta social frente a las diversas manifestaciones sociales que se están desarrollando actualmente en las provincias de La Rioja, Catamarca y Tucumán en contra de la megaminería a cielo abierto".
Además de Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, firmaron la presentación otras de las integrantes de Línea Fundadora, Mirta Baravalle y Elia Espen; el dirigente de Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora; el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale; el Colectivo por la Igualdad, el Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP) y Asambleístas de Andalgalá y Belén -Catamarca-.
Así, se presentaron ante el Supremo tribunal para "informar sobre la situación, solicitar su intervención para que las expresiones socio-ambientales no sean criminalizadas ni reprimidas y a requerirles una serie de medidas que se encuentran dentro del ámbito de las competencias extrajudiciales del máximo Tribunal".
Para fundamentar la intervención, se indicó que "en este preocupante contexto, esta Corte Suprema, que ha declarado públicamente su compromiso con los derechos humanos y con los derechos de la naturaleza, debe colaborar para que estas manifestaciones del cuerpo social sean consideradas como un ejercicio democrático y no como la comisión de delitos, para que pueda darse un debate amplio y participativo y no que se repriman las voces de comunidades enteras".
Por ese motivo, se solicitó que la Corte Suprema convoque a una audiencia informativa, realice las actividades adecuadas y oportunas dentro de sus facultades "para colaborar inmediatamente con un tratamiento democrático de las manifestaciones públicas y de las protestas sociales que se desarrollan en todo el territorio nacional".
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