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Por Ricardo Herrera Farell

Noticias Aliadas, 24 de febrero, 2012.- Indignados y, sobre todo, engañados se sienten los indígenas que el año pasado marcharon hacia La Paz para evitar que una carretera atraviese el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

Su molestia está dirigida hacia el presidente Evo Morales, gestor de la nueva Ley 222 de consulta a los habitantes del TIPNIS, que fue promulgada el 9 de febrero, a través de la cual se busca la aprobación de los habitantes del TIPNIS para reanudar el polémico camino en dicha reserva natural. Esta norma elude la Ley 180 de protección del TIPNIS, que fue consensuada con ellos en octubre del 2011, que prohíbe la construcción de cualquier tipo de carretera por el parque y establece la intangibilidad de ese territorio.

Los indígenas preparan una nueva marcha hacia La Paz para marzo próximo y esperan que se les unan otras organizaciones sociales del país, anunció Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), organización que lideró el año pasado la marcha en defensa del parque.

“No aceptamos la nueva ley y estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque se han violentado los derechos de los pueblos indígenas del TIPNIS, ya que la consulta previa debió hacerse antes de que se iniciaran las obras y se firmaran los acuerdos con la empresa brasileña OAS [que ejecuta el proyecto], como establece la Constitución Política del Estado desde el 2009, y no ahora, que ya están en plena construcción de los tramos 1 y 3”, dijo Chávez a Noticias Aliadas.

El líder indígena insistió en que no se oponen a la construcción del camino de 177 km que unirá Villa Tunari, en el céntrico departamento de Cochabamba, con San Ignacio de Moxos, en Beni, en el nororiente; lo que objetan es que el tramo 2 atraviese la mitad del parque, porque temen que provoque deforestación y la invasión de colonos productores de hoja de coca a esa región en la que habitan más de 60 comunidades de origen yuracare, chimán y moxeño.

El TIPNIS es una de las zonas más importantes de la orografía de Beni, porque infiltra, recarga y distribuye aguas a un sector de ese departamento. Además es una de las cinco aéreas protegidas de Bolivia que también tienen la condición de ser territorios indígenas. Allí conviven más de 400 especies de aves y peces de gran importancia para el ecosistema de la región.

El 15 de agosto del 2011 cerca de 700 indígenas iniciaron en Trinidad, capital de Beni, la Marcha de los Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia. Apoyados también por el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), de la zona andina del país, los manifestantes establecieron una plataforma con 16 demandas, donde la principal era el rechazo a que la carretera atravesara el TIPNIS.

El 25 de setiembre, cuando los marchistas se encontraban en la región de Chaparina, cerca de la población nororiental de Yucumo, la Policía intervino brutalmente el campamento donde descansaban, lo que provocó el rechazo generalizado de diversos sectores y organizaciones del país. Luego de 65 días de caminata, la marcha llegó hasta la ciudad de La Paz y tuvo un multitudinario recibimiento de la población.

Presionado por las circunstancias, el 25 de octubre el presidente Morales firmó la Ley 180 o ‘ley corta’, como también es conocida, que establecía que ninguna carretera pasaría por el TIPNIS e incluyó el concepto de intangibilidad, bastante restrictivo por insistencia del gobierno, porque prohíbe hasta proyectos ecoturísticos que estaban siendo aplicados por algunas comunidades.

Sin embargo, a fines de diciembre del año pasado, el Consejo Indígena del Sur (CONISUR), que representa a más de una decena de comunidades del TIPNIS, inició una marcha a favor de la construcción de la carretera señalando que contribuiría a mejorar el acceso de sus pueblos a la salud y educación. Sectores opositores a Morales y representantes de la CIDOB dijeron que detrás de ese reclamo estaba la mano del gobierno que buscaba la forma de contrarrestar la “ley corta”, que todavía sigue vigente.

La “contramarcha” motivó que autoridades gubernamentales y el CONISUR propusieran la Ley 222 para consultar a los pueblos indígenas del TIPNIS acerca de la carretera y que fue aprobada por la Asamblea Legislativa gracias a la mayoría con la que cuenta el oficialismo.

“En nuestro país, que se dice indígena, se violan nuestros derechos. El presidente lo que firma con la mano lo borra con el codo al día siguiente. Nos cierra las puertas y minimiza a los indígenas de las tierras bajas. Por ejemplo, hasta ahora no se ha determinado quiénes fueron los responsables de la intervención policial a la marcha”, reclama Yudith Rivero Burgos, vicepresidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB).

La dirigente, de origen chimán, asegura que la insistencia del gobierno por construir la carretera es porque debe cumplir con compromisos establecidos con la empresa ejecutora y con los productores de coca que viven en las comunidades aledañas al parque y que habrian formado parte de la marcha del CONISUR.

“No existen productores de coca en el CONISUR; lo que pasa es que los hermanos de la CIDOB han tratado de hacer quedar mal a la marcha y a mi persona. Nosotros vamos a bajar y consultar a todas las organizaciones del TIPNIS y no vamos a ir a hablar con una persona o un dirigente. Ni les daremos plata como ellos lo están haciendo. Nosotros vamos a reflexionar con las bases para preguntarles si quieren morir pobres o superarse, porque al no tener caminos no hemos tenido acceso a la educación y la salud”, afirma Gumersindo Pradel, líder del CONISUR que se ha comprometido a apoyar la organización de la consulta.

Por su parte, la CIDOB formó tres comisiones que visitaron las comunidades del TIPNIS desde el 30 de enero para buscar respaldos a la Ley 180 y asegura que 32 de las 35 que han visitado se oponen a que la vía caminera atraviese el parque.

La nueva norma ha establecido un plazo de 120 días —que se cumple en junio— para la realización de la consulta. El procedimiento todavía no ha sido definido porque no existe una normativa de consulta previa, pero el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Wilfredo Ovando, declaró a la radioemisora Red Patria Nueva, que la consulta será de acuerdo a los usos y costumbres de los pueblos indígenas que habitan el TIPNIS.

Cabe indicar que las instancias de decisión en dicha región son a través de las reuniones de corregidores, que son los encargados de aplicar las leyes en provincias y cantones y de los cabildos, que consisten en reuniones públicas en la que participan todos los habitantes de la comunidad y se pronuncian sobre asuntos de interés colectivo.

De acuerdo al último Censo Nacional del 2001, el TIPNIS alberga a 12,388 habitantes. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales estiman que la población llega a casi 15,000.
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Fuente: Noticias Aliadas: http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=6565