BOLETIN DE NOTICIAS de MOVIDA AMBIENTAL

El Día 27 de julio de 2011 se presentó en Ciudad de Guatemala un interesante informe sobre los costos económicos para el país de lo que supone el cierre operativo de la mina Marlin.

En palabras de lolita Chávez del CPO “se ve una clara complicidad entre el gobierno y las empresas extractivas para que el negocio económico sea redondo, Este sistema de saqueo no es compatible (con las comunidades)” Esto se dijo en base a que los 8 millones de quetzales, reserva estimada  que tiene Montana Exploradora para operaciones de limpieza, son insuficientes ante los casi 400 millones de quetzales,  que según el estudio de UUSC / COPAE costaría el cierre operativo de la mina Marlin.

El obispo Ramazini indicó que el trabajo de COPE es de apoyo, “partiendo desde nuestros principios cristianos”.
“Los recursos naturales son parte fundamental del desarrollo integral por lo que el cuidado de la naturaleza se vuelve en algo fundamental” enfatizó el obispo.

El informe realizado, de 137 páginas, enfatiza que actualmente no existe ninguna información sobre el proceso de cierre, algo que preocupa, pues son muchos los casos de empresas que abandonan los proyectos mineros dejando a la población a su suerte,  sin reconocer responsabilidades y dejando baldías enormes extensiones de territorio.

Robert Robinson hizo hincapié en el hecho de que la empresa no ha hecho público sus informes o planes de recuperación de la zona por lo que, realmente, es como si no existieran planes de recuperación de la zona.

Las conclusiones del informe indican que el proceso de limpieza de la zona costará alrededor de 389 millones de quetzales. Solo en la limpieza de los ríos se requerirá la cantidad de casi 20 millones de quetzales. Estos costos son necesarios para evitar una mayor degradación a la zona, en particular y al planeta, en general.

A la vista de este informe, la minería no solo supone un grave riesgo para las comunidades en aspectos ecológicos y sociales sino también supondrá un grave riesgo económico para el país.

El representante del ministerio de Energía y minas enfatizó la postura del gobierno  de no cerrar el proyecto Marlin, a pesar de la decisión judicial de la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) y puso en duda la veracidad del informe en el supuesto de que no hay contaminación. Esta afirmación realizada por el ministerio se basa en los datos ofrecidos por la empresa y en los cuales el ministerio confía desoyendo otros informes, como los realizados por la universidad de Michigan y COPAE que muestran niveles preocupantes de metales en sangre y orina de vecinos asi como en los ríos cercanos al proyecto.

El representante del Ministerio de Medio Ambiente informo que él no era más que un administrativo y que está no era su área de trabajo por lo que no quiso hacer ninguna declaración.

Ningún representante de la empresa minera se hizo presente en la presentación del informe, sin embargo y consultados por otros medios de comunicación,  Mario Marroquín, Director ejecutivo de Goldcorp Centroamérica aseguró que el plan existe y se está llevando a cabo, sin embargo tampoco dio mayor información sobre dicho plan por lo que sigue siendo un misterio.

Ante este hecho existen las más que fundamentadas dudas sobre el plan operativo de cierre de la mina y que cuando se acaben las diferentes vetas de oro y se tenga que cerrar el proyecto Marlin, los costos de recuperación de la zona, gastos de mantenimiento y rescate de la zona sea el gobierno de turno y no la empresa, quien tenga que cubrir los costos económicos, lo cual supondrá mayor carga a las maltrechas arcas nacionales y un retroceso económico para el país.

Una prueba más de que la minería de metales no es un negocio rentable para el país.

http://copaeguatemala.org/3.html