BOLETIN DE NOTICIAS de MOVIDA AMBIENTAL

ESTADO PERUANO SIGUE CEDIENDO A LAS PRESIONES DE DOE RUN PERU SIN QUE
LA EMPRESA RETIRE LA DEMANDA DE ARBITRAJE

Ante inminente reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico La
Oroya (CMLO), administrado por la empresa Doe Run Perú, y sin que se
presenten elementos que muestren la intención de dar una solución
integral al problema de contaminación ambiental que aqueja a esta
ciudad, nos dirigimos a la opinión pública para señalar que:

Durante años, se ha sido demostrado el impacto negativo de las
actividades del CMLO sobre la calidad de vida de La Oroya y del valle
del Mantaro, sin que el Estado haga nada para remediarlo  y
corregirlo.

En las últimas decisiones adoptadas por el Estado se estaría
privilegiando, una vez más,  el interés económico y especulativo
privado frente al derecho a la salud y a los derechos ambientales y
sociales de la población local, pasando por alto lo establecido en la
normatividad vigente y en nuestra propia Constitución Política.

Consideramos que la defensa del principio de autoridad del Estado y la
necesidad de proteger los derechos a la salud y al medio ambiente sano
de una población no debe oponerse a la búsqueda de una salida digna y
viable para el re-inicio de las operaciones del complejo metalúrgico.

La situación actual es el resultado de una errada gestión de los
diferentes gobiernos nacionales que han realizado una deficiente
fiscalización, evitando sanciones ejemplares. Tal como lo hace también
el gobierno actual al limitar su capacidad para ejercer adecuadamente
sus  funciones  ambientales y sociales.

Una reapertura sin haber terminado el principal proyecto del Programa
de Adecuación y Manejo Ambiental PAMA tendría numerosos impactos
negativos a corto y largo plazo en la salud de la población de La
Oroya y de manera especial en  la vida de los niños y mujeres;  así
como, en la calidad y cantidad de los recursos naturales del área de
influencia del complejo metalúrgico.
Por lo expuesto:

Invocamos a nuestras autoridades del Poder Ejecutivo y del Congreso de
la República para que protejan la salud de nuestros compatriotas de la
Oroya, preserven su medio ambiente y se respeten los derechos
laborales de los trabajadores.
Solicitamos que el Estado, en su condición de principal acreedor,
asuma junto con DRP el cumplimiento del Programa de Adecuación y
Manejo ambiental - PAMA antes del reinicio de las operaciones del
Complejo Metalúrgico de La Oroya. Del mismo modo  es necesario que se
establezcan las condiciones necesarias para que se minimicen
significativamente los impactos que producen.
Invocamos a la empresa y al Estado a iniciar un programa serio de
remediación de los suelos contaminados que permita asegurar una mejor
calidad ambiental para los pobladores de La Oroya.
Ceder a una nueva ampliación del plazo de cumplimiento del PAMA y
permitir que el complejo opere en las mismas condiciones sería un
pésimo precedente  y una mala señal para las empresas que sí son
responsables con sus compromisos.
Así mismo, exigimos el cumplimiento de una adecuada fiscalización y
control de los compromisos económicos, financieros y ambientales que
la empresa tiene pendiente. Es necesario que la opinión pública
conozca la situación económica financiera de la empresa, las deudas
que tienen con el Estado y las demás obligaciones.
Finalmente,  exigimos una mayor transparencia y firmeza en cuanto al
manejo de la demanda de arbitraje de Renco Group ante la Comisión de
la Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional - CNUDMI;
que el Estado peruano, mantenga una posición clara orientada a evitar
y contrarrestar las agresivas prácticas corporativas de la empresa,
cuya indemnización irónicamente la tendríamos que pagar todos los
peruanos (800 millones de dólares y más).
Movimiento por la Salud de La Oroya
Mesa Técnica de La Oroya

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