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Río Blanco está casi listo

Cuatro grandes proyectos se ventilan en las provincias del Azuay y Zamora Chinchipe. Quimsacocha es el que más oposición recibe

El sur del Ecuador es considerado uno de los puntos más importantes para la extracción de minerales. Cuatro grandes proyectos se levantan en esta parte del país: dos en el Azuay y dos en la provincia de Zamora Chinchipe. Pero su posible explotación ha alcanzado ribetes políticos con intervenciones hasta del propio presidente Rafael Correa y con un referendo realizado a inicios de octubre en la parroquia Tarqui (Azuay) para decidir sobre el tema.

De los cuatro proyectos, EcuaCorrientes, Fruta del Norte (Zamora), Río Blanco y Quimsacocha (Azuay), este último es el que más resistencia ha presentado. En este proyecto se calcula que en el área de concesión de aproximadamente 2 000 hectáreas, se pueden extraer hasta 200 mil gramos de oro cada año durante los tres primeros años de explotación.

Quimsacocha está actualmente en la etapa de prospección. Toda labor se ha paralizado en este sector hasta que los estudios ambientales decidan su futuro.

En sus montañas nacen los ríos que van al Pacífico y al Atlántico, y esto ha generado reacciones, especialmente de los habitantes de Tarqui, zona cercana al lugar. Las autoridades provinciales se han enfrentado verbalmente, unas en defensa y otras a favor de su explotación.

El prefecto del Azuay, Paúl Carrasco, defiende la posición de no permitir su explotación porque, según él, las fuentes de agua que llegan a Cuenca van a contaminarse. Sin embargo, él mismo presentó en noviembre de 2010 un modelo de gestión de la minería en el Azuay, en el que se anunció la conformación de la Empresa Provincial Minera, "que pretende articular las iniciativas públicas, privadas y comunitarias y facilitar los procesos de emprendimiento", de acuerdo con un boletín de prensa divulgado en ese entonces.

Los habitantes de Tarqui y Victoria del Portete realizaron en el mes octubre un referendo para decidir el futuro de Quimsacocha, según el dirigente Carlos Pérez, los resultados han sido enviados a las organizaciones internacionales entre ellas a las Naciones Unidas. "En Quimsacocha, jurídicamente, no puede haber explotación minera, porque la población se pronunció mayoritariamente en contra de la explotación en los páramos de este sector", dijo el dirigente Pérez.

El alcalde Paúl Granda también ha tomado parte con propuestas que se basan en realizar estudios técnicos y anunció que se traerán consultores para saber si son o no viables estos proyectos. "Queremos consolidar con un equipo técnico ambientalistas para que nos ayude a elaborar los estudios", manifestó.

El proyecto Río Blanco pasó la etapa de prospección y se espera solo la licencia ambiental para la explotación. Está ubicado en los altos de la parroquia Molleturo, muy cerca al parque nacional El Cajas.

El proyecto tiene ya resistencia de un sector de la población, que señala que su explotación traerá serios problemas para quienes se benefician del agua que llega desde sus montañas.

Rosa Gutama, del grupo Defensora del Pachamama, dijo que su organización no permitirá la explotación y que, si es necesario, realizará paralizaciones en el sector con el fin de impedir que sus aguas se contaminen. En ese sector también se anuncia una consulta popular sobre el tema minero, cuya fecha no se ha decidido aún.

En la provincia de Zamora Chinchipe, el prefecto Salvador Quishpe señaló que no tiene información certera de los proyectos que se van a instalar en esta provincia, a pesar de que lo ha solicitado. "Si hay que hacerse la minería, esta tiene que tener una planificación, pero respetando la naturaleza, agua y los derechos colectivos", indicó. Para el prefecto, sí existen las garantías para el bien de los ecuatorianos y si demuestran que no se repetirá la vida petrolera, los proyectos deben seguir.

Y agregó que nada se podrá imponer a la fuerza. (RMT)

Destacados

'El único grupo político que está en favor de las actividades mineras en Zamora Chinchipe y El Oro es Alianza País, es decir, los oficialistas', fue lo que aseguró Mauricio Paqui, dirigente de Territorios, Recursos Naturales y Desarrollo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

La Conaie, Pachakutik y el Movimiento Popular Democrático (MPD), junto con algunas comunidades, se oponen a la entrega de los recursos mineros a las empresas transnacionales.

Las comunidades sienten resistencia porque creen que, con la entrada de las transnacionales, se les va a despojar de sus tierras, que en la mayoría de los casos son su sustento de vida.

El dirigente no negó que los pobladores de las zonas en las que se encuentran recursos mineros realizan minería artesanal.

Precisó que están conscientes de que una minería artesanal es más contaminante pero que muchos de ellos ya se han capacitado y trabajan para que el impacto sea menor.

El mayor temor, según Paqui, es que, si se entrega la explotación a las transnacionales, los recursos que la minería generan sus zonas se vayan al extranjero en lugar de que se queden en el país.

Paqui precisó que los pueblos y las nacionalidades de las zonas mineras no descartan el cambio, que incluso aceptarían la minería a gran escala siempre y cuando se haga con la propia gente local y se cree una empresa explotadora nacional.

Pese a prohibición, sigue la minería

La explotación de oro a través de la minería artesanal no ha paralizado sus actividades en la zona norte de la provincia de Esmeraldas.

La denuncia llegó nuevamente al obispo Eugenio Arellano, de las comunidades afro esmeraldeñas de las parroquias Maldonado, Timbiré y Selva Alegre, ubicadas en el cantón Eloy Alfaro.

"Siguen extrayendo el mineral (oro) en las noches; contaminan los ríos", fue la denuncia de José Ponce, dirigente de la comuna San Agustín del María. Él, al igual que unos 27 dirigentes de esta zona, reveló estos inconvenientes en una reunión que se realizó en el Vicariato Apostólico de Esmeraldas en octubre pasado.

Para suspender la minería ilegal en San Lorenzo y Eloy, el presidente Rafael Correa decretó el estado de excepción en estos dos cantones el 20 de mayo de este año. Como resultado de este operativo, con participación de la Fuerza Terrestre, se inutilizaron 67 máquinas retroexcavadoras, pero, según los dirigentes Ponce y Julio Valdez, no se destruyeron maquinarias como las de Jorverlis Corozo (AP), ex intendente de Policía, a quien se lo estaba postulando para gobernador de Esmeraldas.

Mientras, el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, en un oficio enviado a Segundo Nazareno, juez Sexto de Garantías Penales Multicompetentes de San Lorenzo, resolvió suspender de manera provisional la operación de toda actividad minera con base en la sentencia dictada por este juzgado.

Una de estas notificaciones fue entregada el 6 de agosto pasado a Heriberto Valencia Quiñónez, titular del permiso del área minera Río Esmeraldas. El afectado dijo que cuenta con toda la documentación y requisitos para su trabajo como minero artesanal.

Pero estas actividades tienen sus conscuencias. Alodia Cangá, pobladora del recinto La Boca, en San Lorenzo, dijo que no pueden consumir el agua del estero porque es blanquecina y atribuye esto a las descargas de los residuos de las mineras y palmicultoras.

Esta información fue entregada a Calima Gómez, directora provincial del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), en un recorrido que realizó hace una semana por esta comunidad. El obispo Arellano Fernández, que ha mantenido su defensa de las comunidades afro, chachis y epera, afirma que el agua de los ríos y esteros de la zona norte está contaminada por mercurio y cianuro, químicos utilizados para lavar oro.

"No soy político y solo predico lo que dice el Evangelio, el cual es reclamar bienestar para los pueblos sin destruir el medioambiente", manifestó en la misa campal de San Martín de Porres del pasado 3 de noviembre, en Canchimalero.

Juan Montaño, director municipal de Medioambiente, aseguró que un 98% de las 76 comunidades de Eloy Alfaro y San Lorenzo tiene sus necesidades básicas insatisfechas. "Por datos del Ministerio de Recursos Naturales, en esta zona, se ha extraído en oro unos $130 millones, que no se ven en el desarrollo de estos pueblos", comentó.

Los dirigentes asentados en el área de influencia minera reclamaron también a los alcaldes Richard Mina y Gustavo Samaniego (hoy allegados a Alianza País) que no aplica medidas de protección para corregir la tala de bosque y la minería artesanal indiscriminada.

Los comuneros y el obispo Arellano acordaron crear una comisión conjunta y reunirse a mediados de diciembre nuevamente en Esmeraldas para evaluar si han tenido repuesta por parte del Estado a estos reclamos. (LFA)

'Veinte toneladas de desechos para un anillo de 3 gramos'

El Oro concentra el mayor número de labores mineras artesanales en el país, con un total de 541, según el último censo minero.

La representación de esa provincia en la Asamblea la tienen dos asambleístas de AP, uno del Partido Social Cristiano (PSC) y otro del Movimiento Autonómico Regional (MAR).

El asambleísta Jorge Fadul, del PSC, indicó que el problema principal de esta actividad en el sector es la contaminación del río Portovelo; sin embargo, agregó que hay que buscar una solución para que la gente pueda trabajar.

Por ello, el asambleísta Carlos Zambrano, de AP, afirmó que la minería no perjudica sino "más bien es el sustento de vida de ese sector". Esto, ya que cerca del 95% de la población de la parte alta de Zaruma y Portovelo se dedicaría a la minería. Agregó que el Gobierno incrementó los controles para evitar la contaminación.

Édgar Isch, exministro de Ambiente, explicó que el extractivismo debe ser denunciado como lo contrario al Sumak Kawsay o Buen Vivir, porque supone la sumisión del Ecuador ante el mercado internacional, la ausencia de soberanía económica y, por tanto, la entrega de riquezas a transnacionales extranjeras.

"Una vez que terminen los proyectos mineros, estimados entre 13 y 17 años, lo que nos quedará es una gran destrucción. Solo para producir un anillo sencillo de 3 gramos de oro se calculan 20 toneladas de desechos", dijo. (PAO)

La Conaie y el MPD lucharán por su derecho constitucional

Luego de que Alianza País (AP) perdiera la semana pasada las elecciones de las juntas parroquiales en Nuevo Paraíso (Zamora Chinchipe), una de las zonas donde existe rechazo de gran parte de la población respecto a los intereses del oficialismo por abrir los territorios a las actividades mineras, el dirigente de territorios, recursos naturales y desarrollo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Mauricio Paqui, explicó que, junto con Movimiento Popular Demócratico (MPD), ganador de los comicios, seguirán en la lucha por el beneficio de los pueblos y nacionalidades, no solo de los que son base de la Conaie, sino también de los campesinos de la zona.

Paqui especificó que lo que exigen es un derecho constitucional: que el Estado realice la consulta popular para ver si la población quiere que se exploten las minas. Aclaró que solo el Gobierno está a favor de la minería y de entregar las minas a las transnacionales.

El dirigente recalcó, además, que los pueblos y nacionalidades tampoco están cerrados al cambio. Destacó que lo que no quieren es que todos los recursos de la minería sean entregados casi en su totalidad a las empresas extranjeras. Dijo que aceptarían incluso las actividades mineras "pero creando una propia empresa del país y con nuestra misma gente". "Ahí estaríamos hablando de que nuestro recursos se van a invertir aquí mismo", dijo. (VET)