BOLETIN DE NOTICIAS de MOVIDA AMBIENTAL

Perú: El estado de la Conga

Por César Lévano
14 de diciembre, 2011.- El problema de Conga se ha vuelto una cuestión de Estado. Tanto, que ha provocado una crisis ministerial, promovido un cambio político y revelado que Ollanta Humala estaba dispuesto a librarse del ala izquierda de su gabinete y desafiar a la base social que lo elevó al poder con tal de imponer el proyecto.
En el fondo de la escena se mueven los intereses del proyecto. Es decir, Newmont Mining Corporation, empresa estadounidense asociada con la familia Benavides. No se puede omitir que también el Banco mundial posee en el proyecto un paquete de acciones minoritario, pero de enorme capacidad de presión política.
A la luz de esa realidad, niego que el viraje político de Humala se haya debido a la intransigencia –realmente existente– de un sector de cajamarquinos. Por eso mismo, no creo que el expremier Salomón Lerner haya caído por dialogante y centrista. Difícil es omitir que encabezó, desde el primer momento, la media vuelta a la derecha del régimen, que ahora se ha convertido en un volteretazo, un giro copernicano.
La derecha ha lanzado el argumento de que en ningún país los estudios de impacto ambientales son realizados por el Estado, debido a que son demasiado costosos.
El problema no es que el Estado cargue con ese muerto, sino que fiscalice en todo instante los estudios y el impacto real de las operaciones mineras. Para eso tiene que existir un Estado con sentido nacional.
Newmont lo ha aprendido en carne propia. Indonesia, hace pocos años, abrió proceso penal contra esa multinacional y la multó con 543 millones de dólares, aparte de que envió a prisión a varios de sus ejecutivos, precisamente por dañar el medio ambiente. Así lo informó The New York Time el 22 de diciembre de 2004.
Por otra parte, Newmont tiene un nutrido historial en materia de corrupción de funcionarios públicos. LA PRIMERA ha recordado contubernios con Montesinos para hacerse del oro peruano. Se sabe que el FBI llevó a cabo una investigación de Newmont por prácticas mafiosas en el Perú. En la pesquisa se citó un soborno de diez millones de dólares a jueces y fiscales peruanos en el gobierno de Fujimori y Montesinos.
No sabemos si la pesquisa abarcó a los directores de la banda de las corruptelas: Montesinos y su socio Fujimori.
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