Fechado el 12 de agosto de 2011, el documento oficial corresponde al Comité de Emergencias para la Problemática de Tierras y afirma: “Las familias relatan que desde marzo de este año el territorio viene siendo usurpado por un grupo de personas armadas, al menos 40, que proceden a interceptar y amedrentar a la gente, realizando amenazas con armas de fuego, matando y robando animales”. También detalla que los niños de la comunidad dejaron de concurrir a la escuela, “ya que son objeto de amenazas con uso de armas, peligrando por ello su integridad física y la de sus familias. Esta gente realizaría disparos por entre las casas”.
El título del documento es “Informe Comunidad Indígena de San Antonio, departamento de Copo” y está dirigido al director de Bosques, Publio Araujo. Corresponde a una visita en territorio realizada el 1º de agosto de 2011 y explicita que Bosques no debió aprobar un proyecto “productivo” que implica desmonte e intrusión en territorio indígena.
“Lo que máxima preocupación genera en las familias es que habiendo formulado denuncia ante la Dirección de Bosques ante la posible afectación de sus derechos posesorios, de igual manera se aprobó un plan productivo que no se contempló que, según una imagen satelital, demostraría ‘la existencia de población dentro del área del plan y en las inmediaciones. Puede comprobarse la existencia de tres poblados más, uno a 500 metros, San Antonio, y otros dos a menos de dos kilómetros’.”
El paraje San Antonio es donde vivía Cristian Ferreyra, de 23 años, integrante de la comunidad indígena lule-vilela y miembro del Mocase-Vía Campesina. Ferreyra fue asesinado el 16 de noviembre por, según denunció el Mocase en un comunicado, “sicarios del empresario José Ciccioli”.
Tres meses antes del asesinato, la dependencia oficial había alertado por escrito: “Este Comité no puede sino manifestar preocupación por esta situación, dado que la aprobación de un plan productivo en territorios donde se registran disputas entre los pretensos titulares dominiales y las familias campesinas o indígenas que reivindican territorio, no logran más que agravar y acelerar el conflicto”. Las últimas cinco palabras figuran en mayúscula y resaltadas en negrita. El documento oficial lleva la firma de los coordinadores del Comité de Emergencia. Además del paraje San Antonio advierte situaciones similares en otros cuatro lugares: San Bernardo, Santa Lucía, Campo Mayo y San Lorenzo.
“Araujo (de Bosques) responde directamente al ministro de Producción, Luis Gelid, que es un reconocido sojero local. Y Gelid es mano derecha del gobernador Gerardo Zamora. Todos tienen las manos con sangre de campesinos”, denunció Deolinda Carrizo, del Mocase-VC, a Página/12. Carrizo afirmó que la “cadena de responsabilidades incluye a Elías Suárez (jefe de Gabinete), Marcelo Pato (jefe de policía) y Ricardo Daives (ministro de Justicia), todos fueron advertidos de lo que acontecía en San Antonio y no hicieron nada”.
El Mocase había denunciado tres veces ante el gobierno provincial la misma situación que luego corroboró el Comité de Emergencia. En marzo, junio y el 10 de agosto de 2011. En la denuncia escrita, el Mocase-VC subraya que se incumplen la ley provincial 6841 (prohíbe el desmonte en territorios indígenas), la ley nacional 26.160 (emergencia de comunidad indígenas) y el Convenio 169 de la OIT. También enumera la ley nacional 26.331, denominada “Ley de bosques”. Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, afirmó que “el asesinato de Cristian Ferreyra es una lamentable consecuencia del avance de los desmontes. El avance de la ganadería intensiva en el norte del país pone en peligro a más de 10 millones de hectáreas de bosques de la región chaqueña, una superficie equivalente a 500 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires”.

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