MALDITOS
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Una BANDA que causa FURIA: Los BARRICKTURROS
La aprobación por la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén -por once votos a favor y una abstención- del proyecto HidroAysén para la construcción de cinco centrales hidroeléctricas que inundarán 6 mil hectáreas y destruirán para siempre los ríos Baker y Pascua, así como los ecosistemas de laPatagonia chilena, deja en evidencia las múltiples limitaciones de la institucionalidad chilena para garantizar los derechos básicos de los ciudadanos, para proteger el medio ambiente, y en última instancia, para permitir la vigencia de un sistema político que podamos definir como una democracia.
Analicemos algunos de los elementos que hacen posible este proyecto y su aprobación por esta instancia gubernamental.
El proyecto es impulsado por dos empresas privadas que han adquirido gratuitamente del Estado los derechos no consuntivos de aguas sobre dichos ríos, aguas que nos pertenecen a todos, pero que en virtud del Código de Aguas de 1981, y de la Constitución de 1980, permiten, en la práctica, su apropiación por privados. A través de una ficción legal, si bien dichas empresas no son propietarias de las aguas, las que en teoría nos siguen perteneciendo a todos, lo son de la concesión otorgada por el Estado, pudiendo enajenarlas a terceros. Se trata como sabemos de empresas poderosas. Solo Endesa concentra el 80% de los derechos no consuntivos de agua del país. Su poder es tal, que el Congreso Nacional les aseguró en la reforma del Código de Aguas de 2005 la aprobación de una disposición transitoria que les garantizó exención del pago de patente por no uso de las aguas hasta el 2012.
Proyectos como el de HidroAysén obtienen del Estado permisos ambientales sin considerar de manera efectiva la voz de las comunidades que afectan. Así, a pesar de la reciente reforma a la legislación ambiental, la participación ciudadana sigue siendo un mero procedimiento formal en que las comunidades afectadas por iniciativas como ésta tienen nulo poder para incidir en las decisiones de los evaluadores públicos. La legislación vigente sigue sin prohibir la negociación incompatible, permitiendo a los proponentes de grandes proyectos de inversión negociar fuera del proceso de evaluación de impacto ambiental acuerdos compensatorios que inhiben o distorsionan la participación ciudadana. La legislación ambiental reformada permite, a su vez, el fraccionamiento de proyectos de un mismo proponente que están indisolublemente vinculados. Así, en el caso de HidroAysén, la ley permite que el proyecto para la construcción de las cinco centrales en los ríos Baker y Pascua sea tramitado por la autoridad ambiental en forma independiente de la propuesta para la construcción de las líneas de trasmisión, la que tiene una extensión de más de dos mil kilómetros, afecta siete regiones, y entre 4 a 5 mil propietarios, incluyendo entre ellos comunidades mapuche, además de áreas protegidas, cuyo impacto ambiental acumulativo, por lo mismo, es enorme.
Etiquetas: CHILE, CORRUPCION, DESTRUCCION, REPRESAS, REPRESION
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