BOLETIN DE NOTICIAS de MOVIDA AMBIENTAL

Por Wilfredo Ardito Vega*
La criminalización de la protesta social no es un fenómeno que este gobierno haya comenzado: en tiempos de Alberto Fujimori se dictaron normas sumamente represivas, bajo el aparente propósito de luchar contra el “terrorismo agravado” y durante el régimen de Alejandro Toledo las penas para bloquear carreteras se incrementaron considerablemente. Toledo buscaba afianzar la política neoliberal de Fujimori.
1. Contexto social
1.1. La orientación del régimen
El régimen de García ha mostrado en estos dos años una proximidad aún mayor que el de Toledo con los grupos de poder económico, especialmente las empresas mineras y petroleras, desarrollando un lenguaje sumamente agresivo contra las organizaciones sociales que tienen planteamientos en defensa del medio ambiente, en contra del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos o en defensa de derechos sindicales. A todos estos grupos se les ha llegado a calificar públicamente de “enemigos de la patria”.
Esta intolerancia coincide con un incremento de las protestas sociales, con la diferencia que actualmente no se dirigen hacia autoridades locales, sino hacia el gobierno central. Las protestas sociales adquieren un carácter departamental o regional, mostrando el descontento generalizado con la exclusión y el abandono y participan con frecuencia los Gobiernos Regionales. Sólo 2 de los 25 Presidentes Regionales provienen del partido gubernamental.
Estos factores habrían llevado al régimen de Alan García a desarrollar planteamientos sumamente graves, para facilitar las intervenciones policiales, otorgar un rol preponderante a las Fuerzas Armadas, permitir excesos que pueden inclusive comprometer la vida de los ciudadanos y neutralizar el rol que las autoridades locales y regionales han tenido en las últimas movilizaciones sociales.
1.2. Incremento en detenciones arbitrarias y abusos policiales
En sucesivos momentos, el régimen ha actuado recortando libertades fundamentales argumentando que debía enfrentar casos de terrorismo, destacándose el caso de los ocho campesinos de Chacas (Ayacucho) detenidos arbitrariamente por más de un mes, acusados de estar implicados en el asesinato de un grupo de policías.
El accionar policial se hizo mucho más violento desde que el Luis Alva Castro asumió el Ministerio del Interior. Actualmente, la Policía Nacional ha interpretado el artículo 3 de la Ley 27686 para señalar que los ciudadanos que quieran realizar marchas o manifestaciones públicas deben solicitar obligatoriamente garantías y que, si no se les otorga, se deduce que la actividad no está autorizada, introduciéndose una total distorsión de la libertad de reunión.
Por ejemplo, en julio del 2007, numerosos maestros y dirigentes del SUTEP fueron detenidos sin orden judicial, sin que se cumpliera el requisito de flagrancia y privándoseles del derecho a la defensa durante varias horas en la Comisaría de San Isidro (Lima). Un ejemplo más reciente ocurrió el 10 de julio del 2008 en Puerto Maldonado (Madre de Dios) donde aproximadamente cuarenta dirigentes nativos y líderes sociales fueron detenidos, golpeados y torturados por la Policía Nacional, que los acusaba de participar en el incendio del local del Gobierno Regional, aunque se encontraban en otro lugar durante los sucesos.
Sin embargo, esta situación se manifiesta con mucha frecuencia en las zonas rurales hacia los dirigentes campesinos enfrentados a empresas mineras, como los habitantes de Totorococha (Cajamarca) frente a la empresa Yanacocha, los trabajadores de la empresa Shougang en Marcona (Ica) y los habitantes de Andoas (Loreto). En este último caso, cincuenta nativos y mestizos fueron detenidos y la intervención del Vicariato de Iquitos logró que fueran puestos en libertad, aunque siguen cuatro de ellos detenidos.
Otro caso que ha generado conmoción a la opinión pública fue el de Carmen Azparrent, Melissa Patiño y otras cinco personas detenidas por haber participado en un congreso de la Coordinadora Bolivariana en Quito. Los detenidos fueron públicamente acusados de terrorismo y se les impuso el régimen carcelario correspondiente a los terroristas sentenciados más avezados, lo cual afectó severamente su salud, porque cuatro de las mujeres detenidas eran de avanzada edad. Las seis mujeres han sido liberadas luego de varios meses, mientras que el único varón, Roque Gonzales sigue detenido sin mayor justificación.
1.3. Amenazas a la libertad de expresión
Precisamente, las presiones a los medios de comunicación locales vienen siendo cada vez más frecuentes. En abril del 2007, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ordenó la clausura de tres emisoras radiales y tres canales de televisión que difundieron la muerte de Marvin Gonzales a manos de la policía. En septiembre fue cerrada la emisora Radio Orión, en Pisco, que transmitía información reflejando el descontento de la población afectada por el terremoto. En todos estos casos, se argumentaron determinados asuntos formales para la clausura. Sin embargo, muchas empresas continúan funcionando sin mayor objeción, aún cometiendo infracciones más graves.
De manera similar, el gobierno pretendió que fuera sancionada la emisora católica Radio Cutivalú por negarse a transmitir un pronunciamiento con información falsa y sin un remitente claro, que resultó provenir del Ministerio de Energía y Minas, en su afán de promover un proyecto minero en el área de dos comunidades campesinas.
El propio Presidente Alan García reaccionó enfurecido contra esta emisora, llegando a acusar a la Iglesia Católica y al Vaticano de interferir en los asuntos internos del país.
1.4. Amenazas a la libertad de asociación
A fines del año 2006, la mayoría parlamentaria conformada por el partido aprista, Unidad Nacional y el grupo parlamentario fujimorista aprobaron la Ley 28925 que buscaba que los proyectos de las ONG y la misma cooperación internacional debían adecuarse a las políticas gubernamentales. Señaló una serie de causales que podían llevar a retirar la licencia de funcionamiento y planteó diversas sanciones contra los directivos.
Existen varias razones de fondo, como el trabajo en derechos humanos de varias de estas organizaciones, lo que implica responsabilizar por serios crímenes al primer régimen aprista y al gobierno de Fujimori. Hay otras ONG cuya labor de promoción del medio ambiente y los derechos indígenas las ha llevado a enfrentarse contra empresas petroleras, mineras y de hidrocarburos. Los voceros de estas empresas las acusan de incitar a la población a asumir actitudes antimineras.
Los artículos más polémicos de esta norma fueron declarados inconstitucionales en septiembre del presente año, pero quedó comprobado el temor del gobierno frente a todas las posibles expresiones de disidencia.
1.5. Seguimiento a dirigentes ambientalistas
Las presiones de las empresas mineras han llevado que se realicen operativos de seguimiento desde los servicios de inteligencia contra los dirigentes de movimientos ambientalistas, sean religiosos, campesinos o periodistas. Aparentemente, estos operativos se han convertido en rutina y sólo se produjo un escándalo cuando se reveló que algunas empresas compran a funcionarios de la Marina de Guerra y otras instancias la información que obtienen.

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