“La empresa va a extraer el mineral en Uspallata, trasladará la roca sin procesar a San Juan, a través de un ferrocarril, y procesará el mineral con sustancias que acá están prohibidas. Es una burla para los mendocinos, porque la explotación la van a tener que padecer los pobladores de Uspallata.”

En agosto de 2011, la Cámara baja mendocina vota contra la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto cupro-aurífero San Jorge -ubicado en el municipio de Las Heras, 45 km al norte de la localidad de Uspallata-, de la canadiense Coro Mining Corp. El 5 de marzo de 2012, la compañía presenta una alternativa de desarrollo que contempla la producción de 25.000 t anuales de cobre y el transporte de mineral a través de una vía férrea de 22 km que unirá el yacimiento con la vecina provincia “prominera” de San Juan, donde se realizará el procesamiento del material extraído.

Diálogo con Paula Ferreira (22), miembro de la Asamblea Popular por el Agua (APA) de Mendoza.*

P: El principal ejecutivo de Coro, Alan Stephens, dijo que la compañía confía en que el proyecto revisado pueda desarrollarse de manera ambientalmente responsable, y que San Jorge tiene el potencial de cubrir el consumo actual de cobre en la Argentina, por lo que podría ejecutarse en sintonía con la política de reducción de importaciones llevada adelante por el Gobierno.

R: La empresa ya había amenazado el año pasado, en el momento más crítico del proceso de evaluación del proyecto, con trasladar una parte de la producción a San Juan como forma de presionar al Gobierno para que apure los trámites y apruebe el proyecto. Según lo que sabemos, porque todavía no ha presentado oficialmente el proyecto, la empresa va a extraer el mineral en Uspallata, trasladará la roca sin procesar a San Juan, a través de un ferrocarril, y procesará el mineral con sustancias que acá están prohibidas. Es una burla para los mendocinos, porque la explotación la van a tener que padecer los pobladores de Uspallata, y una burla al pueblo de San Juan: son el vertedero de otras provincias, porque allí no hay una ley análoga que prohíba ese tipo de sustancias tóxicas en la actividad minera.

P: ¿El anuncio de la minera canadiense los tomó por sorpresa? Stephens señaló, asimismo, que la nueva propuesta debería satisfacer todas las objeciones planteadas al proyecto anterior, ya que, esencialmente, combina la operación de una cantera similar a otras existentes en Mendoza con una planta de procesamiento ubicada en San Juan.

R: No nos sorprende, pero entendemos que es una burla al pueblo mendocino que se movilizó en forma masiva en contra del proyecto. En realidad, todavía no tenemos el proyecto en la mano, solamente rumores, presentaciones en congresos de minería y un comunicado. Para poder plantear las objeciones desde lo técnico y lo político vamos a necesitar contar con el proyecto en mano. Que vayan a procesar el mineral en San Juan nos afecta de igual manera; nosotros no identificamos las fronteras o divisiones políticas. No nos podemos quedar tranquilos ni vamos a estar contentos de que los sanjuaninos tengan que sufrir esa parte del proceso. Más allá de que es cierto que en San Juan la empresa no estaría violando ningún tipo de ley, lo terrible es que el aparato estatal esté totalmente abocado a garantizar que este tipo de empresas se instalen y produzcan.

P: Coro acusa el golpe recibido en el Parlamento y en sólo seis meses responde con el rediseño de San Jorge. ¿Obliga esta situación a pensar nuevos argumentos capaces de sostener el rechazo al proyecto?

R: Para nosotros sigue todo en la misma línea. Es un doble desafío el poder articular con las asambleas de San Juan. Contamos con la ventaja de que el próximo encuentro que compartimos a nivel nacional se realizará en San Juan, los últimos meses de 2012. Ése será un espacio para pensar estrategias en conjunto. Los políticos de Mendoza van a tener menos cintura para aprobar el proyecto, ya que lo rechazaron de forma unánime haciéndose de argumentos que difundimos durante muchos meses. Era mucha presión para ellos de cara a las elecciones.

P: Para preservar las fuentes de agua del oasis Norte provincial impulsan la creación del Área Protegida Polvaredas. ¿Quedaría comprendida dentro de sus límites la estancia de 120.000 hectáreas que controla Coro? ¿El objetivo último es expropiar las tierras donde se encuentra el yacimiento que pretende explotar la empresa?

R: Sí, está comprendida. Justamente, es un área de mucha riqueza, de especies protegidas, de gran valor arqueológico. Uno de los tantos argumentos que se esgrimieron en contra del proyecto es que la estancia Yalguaraz, donde operaría la empresa, está ubicada en esta área llamada Polvaredas, al norte de la localidad de Uspallata. Lo de expropiar no lo hemos hablado: una vez creado el parque, no decidiríamos nosotros qué hacer con las tierras. Entiendo que las propiedades podrían llegar a mantenerse, aunque estaría prohibida la realización de actividades como la explotación minera. Hay un proyecto que ya se presentó en la Legislatura para la creación del parque, pero no se ha tratado. Cuando se lo trate, es probable que se le hagan modificaciones; creo que el proyecto puede contemplar esto.

P: En el mes de febrero, las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Neuquén conformaron la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) con el objetivo de reafirmar el desarrollo de la actividad en un marco de sostenibilidad ambiental y social, y para establecer mecanismos de resolución de conflictos. ¿Qué expectativas despierta la creación de este nuevo organismo interprovincial?

R: La entendemos como una respuesta a los niveles a los que ha llegado esta lucha contra la minería. Al igual que nosotros nos organizamos y pensamos estrategias de forma conjunta y simultánea a nivel regional, los gobernadores han entendido que deben hacer lo mismo. Esta organización de estados mineros les permite pensar estrategias para deslegitimar y contrarrestar las luchas que estamos dando en las distintas provincias. Hay versiones que hablan de que San Jorge sería presentado en la OFEMI antes que en el Gobierno de Mendoza, porque sería un proyecto biprovincial según la reformulación. Evidentemente, a la empresa ya se le había garantizado que iba a poder instalarse. Ellos se organizan y la respuesta es que nosotros redoblamos la apuesta.

* Por el Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales (OCRN)en alianza con Acción por la Biodiversidad.

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Coro anuncia la revisión de San Jorge