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Los gobernadores mineros firmaron un acuerdo con el Ministerio de Planificación para avanzar en mecanismos de participación de la renta que deja la minería. Hoy, el vocero del grupo, el jujeño Eduardo Fellner deberá presentarse ante la Corte Suprema para responder sobre la violación a los derechos del pueblo indígena.  

En la audiencia convocado por la CIDH se denunció el incumplimiento de la legislación nacional indígena ejemplificada en la Ley 26160 “que debiera suspender los desalojos y realizar un releva miento territorial”. Tal como consigna el periodista Darío Aranda en su nota en el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, a mayo de 2011 se habían vencido “siete convenios con provincias para realizar relevamientos, tres provincias se niegan a realizarlo y en Catamarca no se delimito el territorio de ninguna comunidad”.

Mientras tanto en la misma audiencia, los representantes del estado argentino alegaron que la política nacional en materia de derechos de los pueblos indígenas se haya revertido luego de una degradación de diez años de neoliberalismo. Según menciona Aranda, los representantes del oficialismo remarcaron ante la mirada atónita de las organizaciones presentes y en la lectura sin pausas del informe que presentaron ante la CIDH tres ejes como avance de la nueva política: “identidad, tierras y acceso a la Justicia”, por último finalizaron “prometiendo que consultarían a las autoridades competentes y que responderían por escrito”.

El gobierno kirchnerista garantiza acuerdos entre provincias mineras, la declaración de políticas públicas y la sanción de leyes que las lleven adelante, pero no garantiza cumplirlas. La contracara de la megaminería, de la explotación petrolífera, de las forestaciones y el monocultivo de soja es la expulsión, persecución y criminalización de la protesta de los pueblos indígenas en Argentina.

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