MALDITOS
Una BANDA que causa FURIA: Los BARRICKTURROS
En los próximos días viajará a Tinogasta una comisión del máximo tribunal para intentar dialogar con todos los sectores.
Fuentes judiciales confirmaron que en los próximos días viajará una delegación de la Corte de Justicia para intentar mediar en el bloqueo antiminero que se mantiene sobre la ruta nacional 60 y que afecta el Paso San Francisco.
Días pasados, la gobernadora Lucía Corpacci mantuvo una reunión con el Procurador de la Corte de Justicia, Enrique Lilljedahl, a quien le transmitió su preocupación por el perjuicio económico que representa para la Provincia el bloqueo de los camiones que transitan por la ruta internacional. Es que, de acuerdo con las denuncias que recibió el Gobierno, el bloqueo no sólo es para los camiones que transportan insumos para Minera Alumbrera sino que también alcanza a otros transportes de carga. Sin embargo, desde el Gobierno se quiere evitar un desalojo violento tal como ocurrió en el mes de febrero.
Según trascendió, la Corte transmitió al Gobierno que la Policía tiene facultades para intervenir sin necesidad de contar con una orden de algún fiscal. De todos modos, el procurador de la Corte y el ministro de la Corte de Justicia, José Cáceres, viajarán a Tinogasta en las próximas semanas para tomar exámenes. En ese marco se reunirán con la fiscal de Tinogasta Silvia Álvarez e intentarán analizar cuáles son las medidas convenientes para despejar la ruta sin incidentes ni hechos de violencia. De todos modos, desde la Justicia reiteraron que la Corte no necesita bajar ninguna orden a los fiscales porque los funcionarios judiciales conocen cuáles son las medidas que deben adoptar.
En los próximos días ya comenzaría a convocarse a los referentes de los grupos antimineros para intentar persuadirlos.
La Justicia también solicitará la colaboración de los intendentes de la zona Hugo Daniel Ávila y Amado David Quintar, quienes a través de los medios reclamaron la actuación de la Justicia. "Deberían colaborar como integrantes del poder político que están de acuerdo con la política minera del Gobierno", indicaron desde la Corte.
Días pasados, la gobernadora Lucía Corpacci mantuvo una reunión con el Procurador de la Corte de Justicia, Enrique Lilljedahl, a quien le transmitió su preocupación por el perjuicio económico que representa para la Provincia el bloqueo de los camiones que transitan por la ruta internacional. Es que, de acuerdo con las denuncias que recibió el Gobierno, el bloqueo no sólo es para los camiones que transportan insumos para Minera Alumbrera sino que también alcanza a otros transportes de carga. Sin embargo, desde el Gobierno se quiere evitar un desalojo violento tal como ocurrió en el mes de febrero.
Según trascendió, la Corte transmitió al Gobierno que la Policía tiene facultades para intervenir sin necesidad de contar con una orden de algún fiscal. De todos modos, el procurador de la Corte y el ministro de la Corte de Justicia, José Cáceres, viajarán a Tinogasta en las próximas semanas para tomar exámenes. En ese marco se reunirán con la fiscal de Tinogasta Silvia Álvarez e intentarán analizar cuáles son las medidas convenientes para despejar la ruta sin incidentes ni hechos de violencia. De todos modos, desde la Justicia reiteraron que la Corte no necesita bajar ninguna orden a los fiscales porque los funcionarios judiciales conocen cuáles son las medidas que deben adoptar.
En los próximos días ya comenzaría a convocarse a los referentes de los grupos antimineros para intentar persuadirlos.
La Justicia también solicitará la colaboración de los intendentes de la zona Hugo Daniel Ávila y Amado David Quintar, quienes a través de los medios reclamaron la actuación de la Justicia. "Deberían colaborar como integrantes del poder político que están de acuerdo con la política minera del Gobierno", indicaron desde la Corte.
Reclamo
Integrantes de la Cámara Minera de Catamarca se reunieron con la presidenta de la Corte de Justicia, Amelia Sesto y con el Procurador de la Corte para manifestar la preocupación de la entidad empresarial por los cortes que se mantienen en la Provincia. También, el intendente de Fiambalá, Amado David Quintar, adelantó que iniciará acciones legales.
Por su parte, el secretario de Coordinación e Integración Regional, Carlos Rosales, opinó que la Provincia esperaba la actuación de la Justicia. "Somos respetuosos de la independencia de los poderes, pero hay una gran desazón y la Justicia no puede permanecer indiferente. Tampoco puede haber impunidad y coartar la libertad de trabajo", definió el funcionario en diálogo con El Ancasti.
Integrantes de la Cámara Minera de Catamarca se reunieron con la presidenta de la Corte de Justicia, Amelia Sesto y con el Procurador de la Corte para manifestar la preocupación de la entidad empresarial por los cortes que se mantienen en la Provincia. También, el intendente de Fiambalá, Amado David Quintar, adelantó que iniciará acciones legales.
Por su parte, el secretario de Coordinación e Integración Regional, Carlos Rosales, opinó que la Provincia esperaba la actuación de la Justicia. "Somos respetuosos de la independencia de los poderes, pero hay una gran desazón y la Justicia no puede permanecer indiferente. Tampoco puede haber impunidad y coartar la libertad de trabajo", definió el funcionario en diálogo con El Ancasti.
CONSECUENCIAS
Ésta es la primera vez que un bloqueo antiminero se prolonga por tanto tiempo en el Paso San Francisco. El corte lleva más de 30 días.
Está organizado por grupos ambientalistas que realizan un corte selectivo para impedir el transporte de insumos destinados a la minería.
Las estadísticas señalan que se produjo una disminución de los vehículos de carga que transitan por la ruta internacional ante el temor de quedar varados.
Como consecuencia, productores del Valle Central que exportaban sus productos, tal el caso del aceite de oliva, a través del Paso Internacional, despachan ahora por La Rioja.
La Aduana que está radicada en Tinogasta depende de una oficina regional de Córdoba. Los funcionarios de esa agencia transmitieron la intención de "desdoblar" la agencia tinogasteña y trasladar algunas funciones a la zona de El Pantanillo para evitar el perjuicio económico por los productos que salen a través de otra provincia. El Gobierno se opone a ese proyecto.
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