Vecinos de Amaicha del Valle, en Tucumán, iniciaron el último fin de semana un bloqueo a los camiones que transportan insumos a la empresa, denunciada por contaminar con metales pesados la cuenca Salí-Dulce. El piquete se suma a los que protagonizan desde hace semanas vecinos de varias localidades catamarqueñas.

REPUDIO. Vecinos de Amaicha del Valle se sumaron a las protestas para exigir el cierre del yacimiento Bajo La Alumbrera

31/01/2012 00:34 AM | Impulsadas por el "efecto Famatina", las voces de repudio contra el accionar contaminante de Minera Alumbrera, acusada de envenenar con metales pesados las aguas de la cuenca Salí-Dulce y de ocasionar graves daños ambientales en Catamarca, se multiplican con el correr de las horas.
Desde el último fin de semana, un grupo de ambientalistas tucumanos inició un bloqueo selectivo, en la zona de Amaicha del Valle, que impide el paso de vehículos de esa empresa y de sus proveedores hacia Catamarca.
El corte, "pacífico, informativo y por tiempo indeterminado", según advirtieron los manifestantes, se realiza a 500 metros de esa localidad vallista, en el cruce de la ruta provincial 337 con la nacional 40, que conduce a Santa María, en la vecina provincia.
Según explicaron los asambleístas, "el objetivo es prohibir únicamente el paso de camiones, camionetas y otros vehículos de logística que sustentan la explotación minera".
Este bloqueo se suma a otros que se realizan simultáneamente en diferentes puntos de acceso al yacimiento de oro y cobre de Bajo La Alumbrera, con la misma modalidad selectiva (no se impide el paso de vehículos que no estén vinculados a la empresa).
El corte más antiguo, iniciado hace más de un año, se realiza en la localidad de Andalgalá, al que se sumaron los de Belén y Santa María, en las últimas semanas, y los Tinogasta (todos en Catamarca) y Amaicha del Valle, a partir del domingo pasado.

Amaicha de pie

El bloqueo en Tucumán comenzó a gestarse el viernes de la semana pasada, con la conformación de una nueva asamblea permanente denominada "¡Amaicha de pie!".
Según manifestaron mediante un comunicado, los objetivos de la asamblea son manifestarse "en contra de la explotación de megaminería a cielo abierto (Agua Rica, Filo Colorado, Famatina y todos los demás megaproyectos en el territorio argentino)" y “en unificación de fuerzas para exigir el cierre de Bajo la Alumbrera”.
Los manifestantes llamaron "a todas las comunidades de los Valles Calchaquíes y pueblos cercanos a sumarse a esta nueva Asamblea ciudadana y permanente en defensa del agua y el aire: Por la vida".
En la zona del piquete, los asambleístas distribuyen volantes en adhesión a la protesta de ambientalistas riojanos contra el proyecto de Famatina, que promueve la explotación minera del cerro homónimo a cargo de la multinacional Osisko Mining.
Además, informaron que la próxima semana se realizará un espectáculo artístico en la plaza de Amaicha en contra de la actividad minera en los Valles. Uno de los principales argumentos de los asambleístas es que el uso de cianuro en el proceso de extracción del oro envenena el agua, que en la zona es un elemento escaso y muy preciado.

En alerta

Teniendo en cuenta lo sucedido la semana pasada en Catamarca, cuando se produjo un violento desalojo en uno de los bloqueos y fueron detenidos 18 asambleístas, los protagonistas del piquete en Amaicha responsabilizaron de antemano "al Gobierno Provincial y Nacional del uso coercitivo del aparato estatal: policía, gendarmería y autoridades judiciales, para disolver la protesta social".
Respecto a ese operativo, ordenado por el fiscal catamarqueño Julio Landivar en el corte de Santa María, generó malestar el hecho de que a los jóvenes detenidos se los haya imputado por violar el artículo 213 bis del Código Penal, que es uno de los que se incluye dentro de la Ley Antiterrorista como de competencia federal.
A propósito, Antonio Gustavo Gómez, fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán (con competencia en nuestra provincia, Catamarca y Santiago del Estero), advirtió que dicho artículo "es una norma que castiga a los que son parte de organizaciones dirigidas a la 'coerción ideológica'".
En una nota publicada en el portal ComAmbiental, el funcionario judicial recordó que dicho artículo "es la base del sistema penal elegido por los legisladores de nuestro país para enfrentar a las supuestas actividades terroristas y de la que se nutren todos los que no toleran el disenso en la palabra".
A propósito, Gómez advirtió que "este artículo no castiga un delito de acción, sino que penaliza la simple pertenencia a un grupo, el que, a criterio del fiscal en turno 'busque imponer sus ideas por la fuerza o por el temor'. Necesario es decir que para encontrar los antecedentes de este artículo hay que remontarse hasta la última dictadura militar", sentenció.
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