BOLETIN DE NOTICIAS de MOVIDA AMBIENTAL

La Fundación Servicio, Paz y Justicia (SERPAJ), dirigida por el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), presidida por Enrique Viale, expresaron su enérgico rechazo a la imputación como terroristas de quienes realizaban un bloqueo a la minera La Alumbrera.

"La represión y detención fue ordenada de manera ilegal por el Fiscal subrogante Dr. Julio Esteban Landivar, quien abusando de su poder les imputo el delito de daño al Estado aplicándoles la ley antiterrorista", expresó el SERPAJ mediante un comunicado. Señala así mismo que la acción se efectuó contra "ciudadanos que defienden sus derechos a la vida, al agua libre de contaminación, a un ambiente sano y a sus territorios". ComAmbiental notificó ante las abogadas de los asambleístas que fueron nueve las personas detenidas el viernes 27.
Ante esta situación, el organismo presidido por Pérez Esquivel "repudió enérgicamente" la actuación del fiscal, así como "exigió" a las autoridades que "se revea la imputación del delito, se garantice su seguridad y se respeten sus derechos constitucionales". El comunicado concluye en tono crítico, que frente a estos hechos "se renuncia a la Soberanía nacional en beneficio del capital extranjero, sin tener en cuenta las necesidades y los deseos de los pobladores a una vida digna en todo sentido".
Por su parte, en diálogo telefónico con ComAmbiental, el abogado Viale sumó el repudio de la AAdeAA a la actuación del fiscal Landivar. Y agregó que el caso demuestra una vez más "cómo los poderes judiciales -en este caso la fiscalía provincial- están al servicio de los negocios de las mineras, reafirmando lo que venimos diciendo que la minería no es solo un saqueo económico y ambiental sino también devastación institucional". En una línea similar se expresó el fiscal general de Tucumán Gustavo Gómez.

La noticia del uso de la Ley Antiterrorista en Catamarca fue publicada por primera vez por este medio en las primeras horas del sábado. Ya desde ese momento las abogadas que defienden a los ambientalistas denunciaron que se invocó el artículo 213 bis del Código Penal. El mismo alcanzó jurisdicción federal mediante la Ley Anti-Terrorista, algo necesario puesto que los cortes selectivos se realizan en la ruta nacional 40. Tanto el SERPAJ como la AAdeAA habían sido algunas de las organizaciones que rechazaron la sanción de esta Ley, ordenada por el GAFI.

Altercado en Mendoza. Hoy hubo una noticia que se relacionó equivocadamente con la Ley Anti-Terrorista. Sucedió cuando una psicóloga se encontró circunstancialmente con el gobernador de Mendoza, Paco Pérez. Ella le gritó: "¡Defendé los intereses de Mendoza, no de las mineras!". El político le respondió que "respete la investidura del gobernador". Según relató Diario Uno, la custodia se la llevó presa y la tuvieron demorada una hora en la comisaría, por acusarla de violar el artículo 49 E del Código de Faltas.
Este último castiga a quienes "incitaren a las personas a reñir, las insultaren, amenazaren o las provocaren en cualquier forma, en lugares públicos". Un hecho repudiable, pero no comparable a la situación de los asambleístas en Catamarca, que sí están imputados por el artículo 213 bis del Código Penal. El mismo reprime a quien según el Poder Judicial: "tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación".