La pueblada en la localidad riojana de Famatina en rechazo a la instalación de un emprendimiento minero no es la primera ni la única expresión social que alerta por los riesgos ambientales en la Argentina. A lo largo y a lo ancho del país existe un sinfín de grupos de asambleístas que denuncian contaminación. Hoy hay más de diez situaciones de conflicto, y no hay provincia que esté exenta de reclamos. Mientras tanto, las respuestas de los gobiernos, tanto nacional como locales, no logran apagar las preocupaciones.
El debate, en todos los casos, contrapone al cuidado del medio ambiente con el desarrollo económico. El progreso y la naturaleza, ante cada situación de conflicto, se presentan con diferencias irreconciliables. Como si fuera poco, abundan los extremistas en cada bando.

La minería es hoy uno de los reclamos más extendidos, de norte a sur, por toda la zona cordillerana. La oposición más fuerte es al sistema de minería a cielo abierto, a través del cual se dinamitan los cerros y, generalmente, se utiliza cianuro. Además, se usan importantes cantidades de agua, que, según los ambientalistas, después bajan turbias. Un ejemplo: ya hay denuncias de que en Santiago, el Río Salí Dulce, con afluentes en Catamarca donde funciona la mina Bajo La Alumbrera, tiene importantes índices de contaminación (también lo afectan las azucareras tucumanas).
Además del caso Famatina, en las últimas semanas hubo protestas en Esquel y Bariloche. En el primero, en 2003 una consulta popular impidió, por el 81 por ciento, la instalación de una empresa minera. Casi una década después, miles de habitantes denuncian que la firma sigue buscando su oportunidad. En Río Negro, desde 2005 existía una ley que prohibía la minería a cielo abierto, pero en diciembre la Legislatura la derogó. Ya empezaron las manifestaciones de rechazo. En San Jorge, Mendoza, el año pasado la Legislatura tuvo que frenar un emprendimiento a raíz de las protestas.
Los yacimientos hidrocarburíferos en toda la Patagonia o la megausina de carbón en Río Turbio, Santa Cruz, también generan protestas.
En toda la zona agropecuaria, el mayor motivo de reclamo es el uso de agrotóxicos. La estrella es el glifosato, plaguicida utilizado para la soja transgénica. A medida que la frontera de la soja se fue expandiendo, cada vez más provincias empezaron a escuchar cuestionamientos. El principal problema se da cuando se fumiga cerca de zonas urbanas. En algunos casos, incluso, se pasa cerca de escuelas rurales. Desde Córdoba, las Madres de Ituzaingó se hicieron famosas por denunciar cientos de casos de cáncer por efecto del glifosato. Pueblos Fumigados, Basta de Fumigarnos y Grupo de Reflexión Rural, son algunas de las organizaciones que más pelean.

El desmonte de bosques es otro caso conocido. Afecta sobre todo al norte. A pesar de que el Congreso aprobó una Ley de Bosques, los ambientalistas denuncian que en varias provincias, como Santiago del Estero, no se cumple. Además, en el último Presupuesto se le asignaron menos recursos que lo previsto al fondo creado por esa ley. Según Greenpeace, hay 10 millones de hectáreas en peligro.
En las grandes ciudades también abundan los reclamos: desde la existencia de ríos altamente contaminados hasta el incumplimiento de los programas de Basura Cero. Los transformadores eléctricos, sobre todo en el Conurbano bonaerense, son motivo de preocupación, ya que son nocivos para la salud.
A pocos kilómetros, las plantas nucleares y los nuevos puertos regasificadores encienden las alarmas de muchos, sobre todo desde el accidente nuclear en Japón.
Por otra parte, en los últimos años, el grito de “No a las papeleras” se masificó por la lucha contra la instalación de Botnia en Uruguay. Sin embargo, en la Argentina hay más de diez pasteras, muchas con efectos contaminantes comprobados.

Para Enrique Viale, titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, “el extractivismo, como único modelo económico, lo resume todo”. “En toda la región, gobiernos considerados progresistas aceptaron pasivamente el rol de exportadores de la naturaleza”, sostiene. Y concluye: “Se pasó del Consenso de Washington al consenso de las commodities”.

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