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Miguel Palacín en la ONU: La Masacre de Bagua (Amazonas, Perú) que el pasado 5 de junio conmovió a la comunidad internacional, representó uno de los puntos más altos de la sistemática política de discriminación y criminalización de los pueblos indígenas que implementa el Estado peruano con el objetivo de facilitar las operaciones de las empresas transnacionales extractivas (minería, petróleo, gas, forestales).

En conferencia de prensa ofrecida hoy, Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), explicó que en el Perú los derechos de los pueblos indígenas, ya bastante postergados durante siglos, son aun más recortados a partir de la década del noventa, cuando la dictadura de Alberto Fujimori modificó la Constitución y las leyes para imponer el neoliberalismo en el país andino.

Desde 1991 se ha promovido la ampliación de las actividades mineras en toda la región andina del país, afectando a las comunidades campesinas y sin establecer ningún mecanismo de consulta o participación con ellas, pese a que desde el año 1994 está vigente el Convenio 169-OIT en el Perú. Las empresas mineras en el Perú abarcan 23 millones de hectáreas en la costa, sierra y selva, comprometiendo las tierras de unas 3,200 comunidades campesinas y nativas. De manera similar, desde el año 2004 se han incrementado los proyectos hidrocarburíferos en la selva peruana (se ha pasado de un 13% de área amazónica lotizada a un 75% en solo 5 años); sin incorporar ningún mecanismo de consulta a la población indígena afectada.
Pero la represión no comienza ni termina con la Masacre de Bagua. En el Perú hay más de mil dirigentes indígenas procesados judicialmente por defender los derechos de sus comunidades. Luego de los sucesos del 5 de junio, se ha emitido orden de captura contra toda la dirigencia de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y tres de sus miembros tuvieron que asilarse en Nicaragua, entre ellos su presidente Alberto Pizango.

El gobierno de García ha llegado al colmo de reconocer a esa directiva, elegida contra todo lo estipulado en los Estatutos de AIDESEP, para que participe en la Mesa de Diálogo instalada con los pueblos indígenas amazónicos.

“Se trata de una maniobra más para desarticular a nuestras organizaciones, creando organizaciones paralelas que no cuentan con el respaldo de nuestros pueblos indígenas, solo para que aprueben sus políticas de saqueo de nuestros bienes naturales y depredación de la Madre Naturaleza, pasando por encima de nuestros derechos territoriales”, advirtió Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de CAOI.
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