La comunidad universitaria del país comenzó a rechazar los fondos mineros provenientes de las utilidades de YMAD. La polémica se instaló en la UNT, socia de Minera Alumbrera, y reabrió un debate sobre el modelo de gestión universitaria y los condicionamientos que impone el poder del dinero.
Parecía un debate silenciado y hasta ninguneado por los grandes medios de comunicación. Hasta que se coló en la campaña electoral de las últimas elecciones parlamentarias, y aquellos que le habían puesto una mordaza tuvieron que escuchar las denuncias del diputado electo por Capital Federal, Fernando Pino Solanas.
Así, la polémica sobre los efectos devastadores de la minería a cielo abierto y el saqueo de nuestros recursos naturales se ganó un lugar en los medios nacionales y la política comenzó a ocuparse de la agenda que vienen impulsando organizaciones sociales que no compiten por una banca legislativa, sino por su derecho a un ambiente sano.
Mientras el fenómeno Solanas (como lo bautizaron los medios porteños) crecía, el Concejo Directivo de la Facultad de Psicología de la Universidad de Córdoba resolvía rechazar los polémicos recursos provenientes del consorcio Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). El lapidario informe que presentó el biólogo Raúl Montenegro al Consejo contra los fondos mineros abrió un fuerte debate en el seno de las universidades nacionales sobre la conveniencia o no, de percibir “recursos cuya procedencia está judicializada por contaminación”, y desató un dilema ético en los claustros.
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