Según recordó el consejero superior por el estamento de los estudiantes, a principios de año solicitó a las autoridades de la UNT el informe sobre las personas que fueron contratadas como empleadas de la Universidad durante mayo de 2009 y diciembre de 2010.

El trámite se encuentra en la oficina de Sacca desde marzo del corriente, y desde ese entonces, según precisó Amaya, nunca obtuvieron respuestas. Por lo cual en abril, golpeó las puertas de la oficina del rector, y al no ser recibido, le envió una carta documento para dejar asentado los incontables intentos en que solicitó, sin éxito, una audiencia con el secretario de Políticas Administrativas.

“Realicé innumerables intentos de contactar a Luis Sacca para solicitarle la lista de los empleados que fueron contratados desde mayo del 2009, porque desconocemos la cantidad de contratos que se efectuaron desde ese entonces, contratos que tienen la firma de ambos (Cerisola y Sacca)”, denunció Amaya.

Ante esta situación, en la jornada del jueves se presentó junto al abogado Luis Romero Abadié, ante la Justicia Federal para plantear una acción de amparo, solicitando al juzgado que intime a las autoridades de la UNT a detallar el informe del personal contratado en los últimos dos años. En caso de que la justicia dé lugar al planteo, la oficina de Políticas Administrativas y de Gestión Universitaria tendría 30 días para despacharse sobre lo requerido.

“Sólo exijo que haya transparencia en el manejo de los fondos de la universidad. Están haciendo un uso indebido de los fondos provenientes de la YMAD”, concluyó Amaya.
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