“El Mal Informe Barrick Gold, Amos y servidores en el saqueo de Pascua Lama”, es la última publicación del periodista y actual diputado argentino, Miguel Bonasso. El texto rescata e instala en el debate las innumerables luchas que se han desarrollado en Chile y Argentina en contra de esta empresa canadiense.
Bonasso pone sobre la mesa diversas irregularidades en medio de la tramitación de Pascua Lama en ambos países. Una mirada profunda a una discusión que ha abarcado redes más allá de la región y que incluye relaciones peligrosas con poderes políticos y económicos.
El texto menciona el cuestionamiento al traslado de glaciares, la presencia de tráfico de influencias, violación a leyes y se aclara que en estos temas “se está apostando a un sistema de megamineria a cielo abierto con utilización de cianuro en ambos lados de la cordillera, a partir del tratado minero de 1997 que ha creado un país virtual donde no hay control”.
Miguel Bonasso detalló a Radio Universidad de Chile los alcances de los acuerdos, entre ellos el tributario, que marcaron el futuro de la llegada de Barrick Gold a estos países al sur de Latinoamérica.
“La secuencia es muy clara. Viene Peter Munck, fundador de Barrick Gold, y se entrevista con Cristina Fernández a principios de abril. En esa cita le dice que hay que resolver algunos problemas y posteriormente llega a Chile a hablar con Michelle Bachelet y ocurre más o menos lo mismo. Después se junta Patricio Escobar por parte de Chile, director de Impuestos Internos, y Juan Pablo Pezoa, secretario de Hacienda y firman un acuerdo tributario absolutamente secreto. Esto viola las leyes argentinas vinculadas al valor agregado y a las ganancias”, precisó el investigador.
Pero esas no son las únicas leyes que se violan. Bonasso hizo referencia a la Ley General del Ambiente de su país porque Barrick no tiene seguro ambiental. “Un negocio de estas proporciones con una inversión de 3 mil millones de dólares, ¿Puede ser que no le interese a ninguna aseguradora? Creen que hay un altísimo riesgo que tiene como contrapartida tener que pagar una indemnización monstruosa que ninguna compañía de seguros está dispuesta a pagar”, dijo.
Para el legislador a largo plazo se suman más preocupaciones relacionadas con la inédita Ley de Glaciares. “Mi temor es que la nueva legislatura procedente de las elecciones va a aumentar el número de escaños del oficialismo y eso les permita algo que me da terror: la posibilidad de que modifiquen la Ley de Glaciales. En 2008 logramos reponer la legislación de glaciales y ahora eso se puede revertir”, sostuvo.
Esta relación entre las decisiones del mundo político con lo económico y la inversión privada sigue apuntando sus dardos hacia la propia Cristina Fernández, entre otros personajes.
Así lo confirmó Javier Rodríguez Pardo, integrante de la Red Nacional de Acción Ecologista argentina y la Unión de Asambleas Ciudadanas, quién también ha publicado diversos documentos sobre el tema.
“Fue y ha sido doloroso el vínculo entre la Presidenta de los argentinos con Peter Muck. Se los vio tanto en Canadá cuando se encontraron en almuerzos como aquí cuando fue recibido en la Casa Rosada antes y después de estarse discutiendo la Ley de protección de Glaciares. Curiosamente Barrick ha puesto un recurso para que esa legislación quede sin efecto”, comentó Rodríguez.
En Chile, Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) advirtió que en este acuerdo tributario también se observan confusiones.
“En Chile estamos dando seguimiento a la aplicación de este convenio tributario. Estamos pidiendo información al Ministerio de Hacienda respecto a si se ha logrado vigencia del trato a partir de la reforma que quedó pendiente con los argentinos. Por lo tanto, en Chile se debería tomar medidas sobre un proyecto que se está construyendo y que viola una serie de derechos , sentenció Cuenca.
Precisamente, son muchas aristas que se entrecruzan en un proceso que lleva más de diez años y que incluye diversos nombres y hechos. Desde el lado argentino y chileno persiste la batalla de las comunidades que exigen explicaciones a sus autoridades.
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