Por Darío Aranda

Siete grandes cerealeras concentran el 85 por ciento de la exportación de granos del país: Nidera, Cargill, Noble, Molinos, ADM, Louis Dreyfus y Bunge. Sólo ocho compañías manejan el 87 por ciento de la extracción petrolera: Repsol-YPF, Pan American Energy, Chevron, Petrobras, Occidental, Tecpetrol, Petro Andina y Total.
En la década del ’80 había siete mil empresas que se repartían la producción de semillas en el mundo. En la actualidad sólo veinte compañías dominan el 50 por ciento del mercado. Un relevamiento del Grupo ETC (Erosión, Tecnología y Concentración) alerta que diez compañías dominan el 57 por ciento del mercado de semillas. Las tres principales son Monsanto, Dupont y Syngenta, que dominan el 39 por ciento del mercado mundial.
Son sólo algunos de los datos investigados y sistematizados para el Juicio ético a las transnacionales y que dan dimensión del poder del sector privado sobre ámbitos clave de la geopolítica actual.
“Las grandes corporaciones transnacionales constituyen un eslabón clave de las cadenas contemporáneas del neocolonialismo. Son operadoras centrales del extractivismo, del saqueo de los bienes de la naturaleza, de la destrucción y contaminación de los territorios y de la vulneración de los derechos de las poblaciones”, resume la convocatoria del Juicio ético, promovido por el proyecto de “Resistencias Populares a la Recolonización del Continente”, impulsado por el Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos y el Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía.
Forman parte de la actividad numerosas organizaciones territoriales. Asamblea Ciudadana Riojana, Comunidad Diaguita Calchaquí de Tafí del Valle, Asamblea Socioambiental del NOA, Asamblea del Algarrobo y Vecinos Autoconvocados de Andalgalá, Observatorio Petrolero del Sur, Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi, Foro Ambiental y Social de la Patagonia, Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), Observatorio de Conflictos Mineros, Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, Frente Popular Darío Santillán, Foro Permanente por el Medio Ambiente y Acción por la Biodiversidad, entre otros.
El juicio cuenta con una “fiscalía popular” y también con un “tribunal ético”, conformado por Adolfo Pérez Esquivel, Alcira Daroqui, Alejandra Ciriza, Andrés Carrasco, Liliana Daunes, Javier Rodríguez Pardo, Marcelo Ruiz, Maristella Svampa, Mirta Antonelli, Nora Cortiñas, Norma Giarracca, Roberto Gargarella y Vicente Zito Lema, entre otros. También participan referentes de organizaciones de Brasil, Uruguay, Colombia, Chile, Honduras y Paraguay.
El juicio tuvo una primera instancia regional, con audiencias realizadas en la Patagonia, en el NOA y en la Triple Frontera, cuyas conclusiones e información se sistematizarán en el encuentro de Buenos Aires. Desde hoy y hasta el domingo se valorará la legitimidad y consistencia de las denuncias de los casos presentados, y se emitirá una sentencia que será remitida tanto a los medios de comunicación como a las instancias políticas y jurídicas que puedan asumir un nivel de intervención política frente al accionar de las corporaciones.
“El proyecto busca aportar argumentos, pruebas, materiales y herramientas que fortalezcan los procesos de resistencia de los movimientos populares que sufren de manera especial las consecuencias de estas políticas”, explicó Claudia Korol, integrante de Pañuelos en Rebeldía. Korol anunció que al finalizar la actividad se fundamentará y aprobará una “sentencia popular que analizará las responsabilidades políticas de los diferentes poderes del Estado, de los medios de comunicación y de las universidades en el establecimiento del actual modelo, hecho a medida de las transnacionales”.
Las actividades tendrán dos sedes, que se irán alternando. La Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (Santiago del Estero 1029) y la sede de Pañuelos en Rebeldía (Carlos María Ramírez 1469, Pompeya).
También estarán en el banquillo las mineras Pan American Silver (impulsa el proyecto “Navidad”, que vulnera derechos de pueblos indígenas de Chubut), Río Tinto-Vale (proyecto Potasio Río Colorado, en Mendoza) y Agua Rica (Catamarca).
Modelo agropecuario, industria forestal, obras de infraestructura (represas y carreteras, entre otras que vulneran derechos de poblaciones locales), petróleo y gas y megaminería a cielo abierto son algunas de las actividades que avanzan en toda Latinoamérica y que estarán bajo análisis durante los tres días. Se analizará el perfil corporativo de cada empresa, la característica de los territorios donde se instalan, el tipo de explotación que realizan y el modus operandi frente a la sociedad, los impactos sociales y ambientales, la criminalización de la protesta y la violación de derechos humanos.

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