BOLETIN DE NOTICIAS de MOVIDA AMBIENTAL

POR LA DEFENSA DE  LA SOBERANÍA Y LA AUTONOMIA ALIMENTARÍA DE NUESTROS PUEBLOS, EN LA TOMA DE DESICIONES SOBRE SU TERRITORIO Y TERRITORIALIDAD

COMUNICADO de las organizaciones campesinas colombianas

reunidas en Duitama, los días  18, 19 y 20 de octubre de 2011, frente  al Foro sobre la economía campesina de la FAO en Roma.

Acogemos los pronunciamientos emitidos por la plataforma Vía Campesina y demás organizaciones sociales, dirigidos al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), para que se adopten medidas y directrices efectivas sobre la tenencia de la tierra, la garantía de la soberanía de los estados y los territorios, la autonomía alimentaria y el respeto por  los derechos humanos.

Desde la visión de las organizaciones campesinas de Colombia, la implementación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en general la estrategia y   la política agraria del actual gobierno de Juan Manuel Santos, denominada “Desarrollo Rural Con enfoque Territorial, DRET”, representa una grave amenaza para el campesinado y el pueblo colombianos, ya que se enmarca dentro de las políticas neoliberales, recomendadas e impuestas por los organismos económicos multilaterales como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Inter Americano de Desarrollo, al servicio de las más poderosas empresas transnacionales, que imponen en América Latina y en general en todos los llamados países del “tercer mundo” sus  políticas expansionistas de destrucción masiva de la biodiversidad, colocando en riesgo la vida en el planeta.

Consideramos por tanto que estas políticas del capital expansionista, hacen parte de una peligrosa estrategia que acompañada de la intervención militar, propende por convertir el territorio en  espacio al servicio de la fase actual del capital; la financiera – especulativa e improductiva, con resultados tan espeluznantes como lo es que la mitad de la población del planeta, se encuentre sumida en la pobreza o que en Colombia existan aproximadamente 4.1 millones de hambrientos

Lo anterior explica la oscura propuesta del gobierno Santos de desarrollar la estrategia de “Consolidación  social, económica y política en las Zonas de reserva Campesina”, estrategia que entraña una fuerte militarización del tejido social territorial, para controlarlo, romper los procesos sociales de resistencia y autonomía de las comunidades y pueblos rurales, y repoblarlos desde la lógica de servicio al modelo de la agro industria. Sacrificando de esta manera los imaginarios y cosmogonías culturales tanto de las comunidades campesinas y ancestrales, como la de los indígenas y los  afrodecendientes, colectividades que históricamente han logrado defender importantes niveles de autonomía y territorialidad a partir de sus luchas de resistencia y movilización. Dichos procesos se verán fuertemente impactados, fundamentalmente en el avance e implementación de   dos de las cinco ¨locomotoras del desarrollo¨, referidas como estrategia para el campo colombiano, ellas son, la ¨Locomotora Agroindustrialización del campo¨ y la ¨Locomotora minero-energética¨ que conducirán la debacle total de la soberanía alimentaria de nuestros pueblos y comunidades.

Por lo tanto, en concordancia con los mandatos de la ONU sobre la protección y cumplimiento de los derechos humanos, concretamente en lo relacionado con el derecho a la vida y a la alimentación sana y suficiente para cada ser humano, reclamamos:

-              Se garantice el respeto y la protección de la biodiversidad, las especies de fauna, flora y el conocimiento ancestral en los territorios donde están las comunidades y pueblos  rurales.

-              Se democratice el uso y tenencia de la tierra y la eliminación de las brechas de desigualdad.

-              Se garantice la protección de los bosques, el ambiente y del sistema hídrico nacional.

-              Se garantice el mínimo vital de agua para cada ser humano.

-              Se garantice y desarrollen políticas públicas de protección a las comunidades y pueblos campesinos, indígenas y afro descendientes y se apoye su trabajo agrícola.

-              Se garantice la no aplicación de tratados internacionales que vulneren y atenten contra los derechos humanos y la vida en el planeta.

-              Se garantice el derecho que tienen los pueblos y comunidades rurales de decidir y desarrollar  sus propias políticas de desarrollo económico sostenible.

-              Que se reconozca el derecho de los pueblos y comunidades rurales a la construcción colectiva y autónoma de propuestas respecto a la soberanía alimentaria, que sean implementadas como políticas de Estado.

Al Gobierno Nacional

Las organizaciones campesinas, expresamos nuestra  firme oposición al recién aprobado PND (Plan Nacional de Desarrollo) puesto que condena al pueblo colombiano al hambre y la miseria, desconoce nuestros procesos económicos que se basan netamente en la producción agrícola para la soberanía y seguridad alimentaria, nos obliga a ser dependientes en la importación de productos y el uso de insumos y tecnologías que no son acordes al desarrollo de nuestros territorios; nos pone en una situación de desigualdad  frente a las transnacionales y grandes industrias agrícolas (resaltando que estas atentan contra la salud humana, implementando insumos agro-tóxicos en sus procesos de producción), ya que el campesinado y en general las poblaciones y comunidades rurales no podemos acceder a recursos y  subsidios que nos hagan competitivos frente a estos productos.

La reciente firma del TLC (Tratado de Libre Comercio) con los Estados Unidos, significa la pérdida absoluta de la soberanía nacional y acarrea daños irreversibles a los procesos económicos, sociales, ambientales y culturales de los territorios.

Expresamos como organizaciones campesinas y populares, nuestro más absoluto repudio, resuelta oposición y decidida movilización en contra de dicho tratado, ya que es anticonstitucional, promueve la brecha de desigualdad y la injusta distribución de todos los recursos nacionales.

Exigimos al gobierno nacional una reglamentación digna frente al uso del subsuelo en el contexto de la explotación minería, ya que en la actual política basada en el Plan Nacional de Desarrollo, se subordina la producción agropecuaria al desarrollo minero, produciendo el desprecio y la destrucción de la economía campesina y en consecuencia agravando el desempleo, la violencia y el desplazamiento. Exigimos coherencia por parte del Estado en la construcción de políticas públicas, en el sentido que estas se desarrollen desde las regiones, propendiendo por fortalecer las entidades territoriales, ya que en la actualidad, su escasa operatividad no permite una real organización productiva, acorde a las necesidades de los territorios rurales. Reclamamos el fortalecimiento de la educación pública de calidad en y para el campo, que permita aproximar a las comunidades rurales hacia la academia, en virtud de procesos educativos que favorezcan un desarrollo científico y tecnológico, acorde a las necesidades del país desde un enfoque de protección ambiental y soberanía nacional. Exigimos sea escuchado el clamor de las comunidades respecto a la necesidad urgente de una solución política negociada al conflicto social, económico y armado en Colombia. Instamos al gobierno colombiano a atender las propuestas políticas y sociales surgidas del conjunto del movimiento campesino, como lo son el Proyecto de Ley Popular de Reforma Agraria y Desarrollo Rural y el Mandato Popular Agrario, que han sido construidos por las organizaciones campesinas de Colombia, como propuesta alternativa al Plan Nacional de Desarrollo y al Proyecto de Ley de Desarrollo Rural del gobierno Santos, ya que estos últimos, vulneran la soberanía del territorio colombiano en las dimensiones alimentaria, económica, ambiental y sociopolítica, llevando al país a la triste e injustificada situación de ser importador de alimentos. Demandamos del gobierno cese la persecución contra el movimiento campesino, sus líderes y lideresas, así como reclamamos el fin de la militarización de los territorios rurales, en razón a las inocultables y nefastas consecuencias, como lo es la consabida violación a los derechos humanos y el DIH (Derecho Internacional Humanitario) por parte de las fuerzas estatales y paramilitares jamás desmovilizadas y si por el contrario legalizadas, que han acrecentado la violencia contra el pueblo, lo cual se expresa en la aceleración del feminicidio, los montajes judiciales, las masacres y el aumento del desplazamiento forzado. Exigimos la suspensión de las fumigaciones con glifosato e instamos al gobierno nacional a optar por la sustitución manual de los cultivos de uso ilícito pero en el contexto de una política real y eficaz de sustitución de cultivos, en razón al grave daño que se viene causando a las comunidades rurales con la consecuente destrucción y envenenamiento de los cultivos de pan coger y la catástrofe acelerada sobre la flora, la fauna y los recursos naturales.