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No llevan luto, lo encarnan. En la última década han sido víctimas de bombardeos, asesinatos, desplazamientos, confinamientos, minas antipersona, amenazas y violaciones. Son los indígenas del pueblo awá, quienes salieron del anonimato histórico al que los ha relegado el país después de las tres masacres de 2009, que dejaron 33 personas muertas en los resguardos de Tortugaña Telembí, Gran Rosario y Ñambí Piedra Verde, en el departamento de Nariño.

Dos años después, la tragedia continúa. En sus territorios están la guerrilla de las Farc, el ELN, el Ejército y las bandas emergentes. La razón: su territorio es estratégico. Sus 41 resguardos en Nariño no solo están en zonas escarpadas y selváticas, sino que integran el corredor que da al Pacífico, limitan con Ecuador y gozan de recursos naturales como agua, madera, oro y tierra propicia para cultivar coca. 

Para llegar a su territorio hay que recorrer tres horas por una carretera serpenteante que conduce de Pasto a Tumaco. La belleza del paisaje contrasta con las historias que se esconden en esas montañas. En algunas paredes se lee Farc o ELN "presente". Después de pasar la cabecera del municipio de Ricaurte, hay que subir 20 minutos a pie por un camino que se descompone con las pisadas. Allí está el terreno que pretenden convertir en resguardo, conocido como Alto El Edén Cartagena. Consta de 127 hectáreas que les fueron asignadas por el Incoder el 28 de diciembre pasado a 150 familias awá. La lucha de esta comunidad por esa tierra incluyó hasta huelga de hambre.

"Uno en los resguardos lo tiene todo. Si acaso, brega para conseguir la sal. Aquí todo toca al rebusque", explica Carlos Ortiz, líder de la organización Camawari, que representa a la comunidad. Él hace parte de las familias del resguardo de Magüí, que sufrió el bombardeo de su escuela en 2004, que la Fuerza Aérea aceptó como un error; la Operación Gladiador, que el Ejército desarrolló contra la guerrilla en junio y julio de 2005, y el minado de su territorio por cuenta de la guerilla, que obligó a 1.550 personas a dispersarse en la región, según registros de Acnur.

Y es que los awá han sido golpeados por todas las partes del conflicto. En 2008, las Farc asesinaron a cuatro profesores de la comunidad y en 2009, a 17 indígenas (de los cuales la guerrilla solo reconoció la muerte de ocho). Ese mismo año, una banda emergente denominada Los Cucarachos asesinó a otros 12.

En marzo de 2009, para recuperar sus muertos tuvieron que hacer una marcha contra la petición del gobierno de no recorrer los caminos que podrían estar minados. "Nos tocó sacar los cadáveres a la vía para decir aquí estamos no en conflicto, sino como pueblo tranquilo y de paz", recuerda Rider Paí, líder del resguardo El Diviso (Barbacoas). Al final, solo encontraron ocho cadáveres. Los demás, presumen, fueron arrojados al río El Bravo.

No han podido llorar a sus muertos. "Al año, la familia debe darle el último adiós al fallecido en una ceremonia ritual, pero no han podido hacerlo, por lo que han tenido que hacer celebraciones simbólicas", explica Lidia Chávez, una monja laurista que lleva 18 años con la comunidad y se ha convertido en la santa de los awá.

Desde 2009, los muertos suman más de ochenta, según las cuentas de las organizaciones. Y existe una alta probabilidad de que sean muchos más, pues como ha informado la Diócesis de Tumaco, hay un alto índice de subregistro. En la región hay sitios a los que Medicina Legal no puede llegar para hacer los levantamientos.

A 20 minutos de El Edén, en el corregimiento de Altaquer (Barbacoas), queda la vereda La Primavera. Para llegar al territorio indígena hay que pasar por una barricada militar. Un muro de sacos de arena pintados de verde y tres tanquetas custodian el retén. Luego, una carretera destapada desciende hasta una edificación en obra negra llamada la Casa Indígena, oficina del cabildo de Magüí, que en época de combates sirve de refugio.

Allí viven José Chingal (líder awá), su esposa y seis hijos con sus familias. Desde hace más de cuatro años que salió de Magüí (a siete horas de camino) ha tenido que desplazarse varias veces. "Un grupo armado nos dijo que nos fuéramos. Y otro torturó a nuestro hijo", dice con precaución de no mencionar a sus victimarios, en un español confuso. Él, junto con otras familias de Magüí, ha intentado volver a su antiguo resguardo, pero se ha encontrado con una de las amenazas más temidas por los awá: las minas antipersona que instalan las Farc para limitar el acceso del Ejército.

"Pero no es solo por el caminito. Hay unas partes donde toca saber por horas", dice Chingal. En algunos parajes de la selva, las Farc quitan las minas del sendero a las seis de la mañana y las vuelven a poner a las seis de la tarde. La comunidad tiene vivo el recuerdo de una niña que, el 28 de diciembre de 2009, fue a hacer sus necesidades fisiológicas debajo de un árbol y detonó el explosivo. Este año, van siete víctimas de minas, según lo ha registrado Acnur.

Desde febrero pasado arreciaron los enfrentamientos, por lo que la comunidad de los resguardos de Magüí y Cuchilla del Palmar, integrada por más de mil awá, se declaró en minga permanente (asamblea) y se alojó en los alrededores de cinco escuelas dispersas en la zona. Han construido ranchos de madera y se han visto obligados a resistir juntos, a lo que no estaban acostumbrados pues las familias awá viven dispersas. La mayoría busca los cascos urbanos de los municipios y la carretera.

Pero en la medida en que permanecen fuera del resguardo, dejan de cazar y de pescar, su modo de subsistencia tradicional. También se ven obligados a olvidar sus rituales y el contacto con sus dioses. Se fueron los días en que hacían trueques, construían sus casas lejos la una de la otra, sembraban lo que querían sin limitaciones de espacio ni cercos y consultaban a los espíritus de la montaña. En cambio, llegaron el hambre y las enfermedades (el 60 por ciento de los niños de una comunidad que cuenta con 30.500 awá en total en Nariño padece de desnutrición, según la Institución Prestadora de Servicio de la Unidad Indígena del Pueblo Awá, Unipa).

Ortiz explica que para mejorar la economía de las familias de El Edén hay en ciernes proyectos productivos para la cría de gallinas ponedoras y pollos de engorde, y la elaboración de panela. Pero mientras comienzan a dar resultados, los adultos tienen que trabajar por jornales. Los pagos van desde 5.000 pesos diarios (en el caso de las mujeres que hacen oficios varios) hasta 12.000 pesos (en el caso de los hombres que trabajan en los trapiches). Esto para los que están cerca a los cascos urbanos de los municipios aledaños.

Como si se tratara de una maldición, proyectos mineros y agroindustriales también se han interesado en sus territorios, lo que agrava la crisis. "Desde 1985, empresas de palma venían invadiendo tierras y empezó un proceso de lucha organizativa", indica Paí. Asociaciones de explotación maderera hicieron arreglos con el dueño de las tierras sin tener en cuenta a las autoridades. "Hace dos años llegó la minería ilegal. Para tratar de legalizarla nos llamaron para tener un acercamiento, una preconsulta, pero hemos dicho que no vamos a permitirlo", agrega.

La comunidad pide respeto a sus santuarios. "El awá no puede vivir sin la selva. Allá están los espíritus del Astaron (de la montaña) y Ambarengua (la madre monte), para consultar la medicina tradicional y curar el saliz (duende) y el chutún (mal de monte)", dice Chingal.

La tragedia de esta comunidad no conoce el fin. El mes pasado, el resguardo El Diviso tuvo que asumir los gastos de transporte de un cadáver para que las autoridades le hicieran la necropsia, pues la Policía no fue al lugar del homicidio por razones de seguridad (estaban a diez minutos en carro). Era Róbinson Guanga, de 19 años, cuya muerte se sumó a las desapariciones de tres jóvenes. Los awá consideran que ya fueron suficientes cinco siglos de silencio y reclaman atención, sin más demora, del Estado. Y la razón es muy simple: "Queremos seguir existiendo", dice Rider Paí. 

http://www.semana.com/nacion/tragedia-awa/166145-3.aspx