Antecedentes El Pueblo Aymara al igual que todos los Pueblos Indígenas del país, históricamente hemos sido víctima de la opresión política, el colonialismo en todas sus manifestaciones, discriminación racial y cultural, usurpación de tierras, territorios y sus recursos naturales y además de la conculcación de nuestros derechos y libertades fundamentales. Esta realidad histórica no ha cambiado a pesar del proceso “democrático” que vive el país. Teniendo presente que la constitución del estado chileno fue creada en un periodo dictatorial de la historia de Chile con una visión excluyente, sin participación de la sociedad, y de manera impositiva. Esta constitución contiene articulados que representan la negación de la existencia y reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, propiciando una doctrina de la negación sistemática a los pueblos originarios por parte del estado de Chile.
Mas aún cuando hoy el pueblo Aymara se ve enfrentado a un proceso de intervención que se ha caracterizado por la inequidad de las comunidades aymaras frente al estado y las empresas transnacionales que hoy buscan intervenir de manera impositiva en nuestro territorio, megaproyectos que no cuentan con el consentimiento del pueblo aymara, como ejemplo tenemos a la trasnacional Southern Copper Corporation (Mineria), Aguas Andinas S.A. (fusión de Antofagasta Minerals, del Grupo Luksic con la ENAP). Este proceso de intervención esta amparado en una legislación de leyes sectoriales, tales como el código de agua, el código de minería, ley de concesiones de energía geotérmica, etc. que facilitan una intervención en los territorios de manera fraudulenta, de poca transparencia y no considerando los derechos adquiridos del pueblo aymara que han sido ratificados en el ámbito internacional por las Naciones Unidas, estos derechos están establecidos en los instrumentos de derechos humanos los cuales son el convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, los cuales han sido ratificados por Chile. Lamentablemente en la víspera del término de este gobierno todavía no se ha respetado e implementado estos instrumentos internacionales de derechos humanos por parte de chile que obliga al estado a respetar a los pueblos indígenas y ha consultar cada vez que se quiera intervenir en los territorios indígenas con mega proyectos de carácter extractivo, y es el estado quien debe garantizar la igualdad de condiciones entre las comunidades aymaras y las empresas transnacionales, además el proceso de consulta establecido en el Convenio 169 de la OIT implica la participación y consentimiento como una manera de generar un proceso transparente, e informado para las comunidades aymaras, tal como lo estable las recomendaciones del Relator para los pueblos Indígenas Sr. James Anaya que le hizo llegar al gobierno de Chile, de manera de proceder bajo las normas internacionales de derechos humanos.
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