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Una BANDA que causa FURIA: Los BARRICKTURROS

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Maraña burocrática favorece tala ilegal



Este árbol de caoba, con un diámetro de 2.12 m, fue talado en la Reserva Pacaya Samiria. Un árbol de ese tamaño podría venderse por más de US$16,000 en el mercado de EEUU



Un 35% del cedro y la caoba que se exportan proviene de fuentes ilegales.

“Con un árbol legal se pueden lavar tres árboles ilegales”, afirmó Julia Urrunaga, asesora de Políticas de Bosques y Cambio Climático de la organización ambientalista estadunidense Environmental Investigation Agency (EIA).

Urrunaga se refería a la maraña burocrática que legaliza, a través de documentos que las autoridades nunca verifican, la comercialización de madera extraída de áreas no autorizadas en la Amazonia peruana.

Un informe de la EIA titulado “La máquina lavadora: Cómo el fraude y la corrupción en el sistema de concesiones están destruyendo el futuro de los bosques del Perú”, presentado en Lima el 10 de abril, revela el sistema utilizado.

“El mecanismo que la industria ha encontrado es simple de describir: los concesionarios presentan listados de árboles a extraer que no existen en el mundo real, y las autoridades autorizan la extracción de volúmenes de madera que no existen en la concesión. Respaldados por estos volúmenes, los permisos correspondientes (Guías de Transporte Forestal o GTF) son vendidos en el mercado negro y utilizados para lavar madera extraída ilegalmente de cualquier otra parte del país —áreas protegidas, territorios indígenas, otras tierras estatales. Ningún control posterior va a detectar la ilegalidad, a menos que se vuelva a la concesión a verificar cómo se realizó el aprovechamiento forestal. Pero incluso si se regresa al bosque y se verifica el fraude, esto no es suficiente para detener la ilegalidad. A pesar de que las supervisiones de OSINFOR [Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre] han detectado múltiples ilegalidades, la mayor parte de las concesiones en falta sigue operando y exportando”, dice el informe.

El OSINFOR es una entidad perteneciente a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), encargada “de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales provenientes del bosque otorgados por el Estado a través de diversas modalidades de aprovechamiento”.

La madre del corderoUrrunaga precisó que la clave para entender este complicado mecanismo son los GTF —otorgados por las autoridades ambientales regionales o por las Administraciones Técnicas de Control Forestal y Fauna Silvestre (ATFFS), dependientes de la Dirección General Forestal y Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura, donde esa función no haya sido transferida a los gobiernos regionales— sin los cuales la madera ilegal no puede ser lavada.

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MARCHA DE LOS PUEBLOS 9/12/11

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