MALDITOS
Una BANDA que causa FURIA: Los BARRICKTURROS
Es por la carta abierta enviada a los legisladores en febrero de 2011. Desde el organismo rechazaron el agraviante e intimidatorio accionar de la empresa. Eduardo Sosa, titular de Oikos, ratificó todo lo actuado en torno a la defensa de los intereses ciudadanos. "Estamos tranquilos", dijo.
A través de una carta enviada a los medios de comunicación, Oikos rechazó la demanda judicial que la Minera San Jorge-Coro Mining contra la organización.
Esta demanda es por las supuestas calumnias e injurias en las que Oikos habría incurrido en suCarta Abierta a los Legisladores Provinciales, publicada en febrero del año pasado.
En ella, la organización decía, entre otras cosas: “Sabido es que la empresa San Jorge pretende llevar adelante este proyecto minero sin el suficiente capital de respaldo que le permita obtener los créditos necesarios para ejecutar la explotación de la mina; más bien se trataría, ni más ni menos, de una especulación financiera que busca, con la ratificación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental, obtener un alza de los valores que cotizan en bolsa, a fin de conseguir un comprador para el proyecto, de la misma manera que sucedió con el proyecto Potasio Rio Colorado y el ingreso de la empresa minera VALE al negocio que inició la minera Rio Tinto. NADIE EN EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS PUEDE OBTENER UN PRESTAMO SI NO PUEDE RESPONDER SIQUIERA POR EL 10 % DE LA INVERSION PRETENDIDA, y esto es lo que sucede hoy con Minera San Jorge, subsidiaria de la canadiense CORO Mining. (…) Tan poderoso es este interés, que el propio Gobernador de la Provincia adelantó la aprobación del proyecto sin haber esperado el dictamen de una comisión técnica evaluadora, además de haber ninguneado públicamente al propio Secretario de Medio Ambiente frente a la decidida embestida de funcionarios más afines a la minería, obligándolo a tener antes de fin de año el proyecto aprobado. Tan decidido está el apoyo irrestricto al proyecto minero que el Poder Ejecutivo no investigó seriamente ninguna de las denuncias que se realizaron a lo largo de los dos años que duró este proceso, mismas que se encuentran no solamente en el expediente sino también en la justicia. (…) Tal es el estado de la situación al día de hoy, que nuestra institución no ha tenido otra opción que recurrir a la justicia penal para que evalúe la posible comisión de delitos de falsedad ideológica por parte de quienes tuvieron la responsabilidad de elaborar los estudios ambientales y defenderlos desde la empresa, como de delitos de la función pública a algunos funcionarios sobre los que recae la obligación indelegable de actuar frente a las denuncias y no lo hicieron”.
Esta demanda es por las supuestas calumnias e injurias en las que Oikos habría incurrido en suCarta Abierta a los Legisladores Provinciales, publicada en febrero del año pasado.
En ella, la organización decía, entre otras cosas: “Sabido es que la empresa San Jorge pretende llevar adelante este proyecto minero sin el suficiente capital de respaldo que le permita obtener los créditos necesarios para ejecutar la explotación de la mina; más bien se trataría, ni más ni menos, de una especulación financiera que busca, con la ratificación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental, obtener un alza de los valores que cotizan en bolsa, a fin de conseguir un comprador para el proyecto, de la misma manera que sucedió con el proyecto Potasio Rio Colorado y el ingreso de la empresa minera VALE al negocio que inició la minera Rio Tinto. NADIE EN EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS PUEDE OBTENER UN PRESTAMO SI NO PUEDE RESPONDER SIQUIERA POR EL 10 % DE LA INVERSION PRETENDIDA, y esto es lo que sucede hoy con Minera San Jorge, subsidiaria de la canadiense CORO Mining. (…) Tan poderoso es este interés, que el propio Gobernador de la Provincia adelantó la aprobación del proyecto sin haber esperado el dictamen de una comisión técnica evaluadora, además de haber ninguneado públicamente al propio Secretario de Medio Ambiente frente a la decidida embestida de funcionarios más afines a la minería, obligándolo a tener antes de fin de año el proyecto aprobado. Tan decidido está el apoyo irrestricto al proyecto minero que el Poder Ejecutivo no investigó seriamente ninguna de las denuncias que se realizaron a lo largo de los dos años que duró este proceso, mismas que se encuentran no solamente en el expediente sino también en la justicia. (…) Tal es el estado de la situación al día de hoy, que nuestra institución no ha tenido otra opción que recurrir a la justicia penal para que evalúe la posible comisión de delitos de falsedad ideológica por parte de quienes tuvieron la responsabilidad de elaborar los estudios ambientales y defenderlos desde la empresa, como de delitos de la función pública a algunos funcionarios sobre los que recae la obligación indelegable de actuar frente a las denuncias y no lo hicieron”.
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