BOLETIN DE NOTICIAS de MOVIDA AMBIENTAL

Nueve familias campesinas fueron desalojadas por agentes de la Policía Nacional Civil, el miércoles 17 de marzo, en la finca San Antonio de Tamahu, Alta Verapaz. Catorce camiones de policía antimotines, el fiscal de la fiscalia distrital y el delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos, llegaron al lugar a las seis de la mañana con una orden de desalojo, donde acusan a los afectados de usurpación agravada.

El dueño de la finca debe a los campesinos la indemnización de 20 años de trabajo, por eso, los afectados permanecían en el lugar, sin embargo, esta madruga el finquero contrató a una cuadrilla para destruir siete viviendas, la policía también colaboró para la destrucción de los inmuebles. El valor de cada casa destruida oscila entre catorce y quince mil quetzales, además, se perdieron cultivos de cardamomo, café y milpa.

El Propietario de la finca, se negó negociar el pago de las indemnizaciones, en las citas en la secretaria de asuntos agrarios mandaba a un abogado que nunca reconoció la deuda. Las nueve familias que vivían allí, han sido mozos colonos y no son usurpadores.

Los abuelos y padres de los campesinos trabajaron largos años en la finca cafetalera. En 1996, con el argumento de no contar con dinero suficiente, el finquero suspendió los contratos de trabajo, sin pagarles las prestaciones laborales. Los afectados señalan que después del desalojo perderán todo lo que han construido durante largos años. La gran preocupación es la salud de veintiocho niños, el clima esta nublado y los menores son vulnerables ante enfermedades de la época.

Los campesinos y el propietario de la finca sostenían un proceso de mediación, siendo la propuesta, la entrega de tierra en vez de las indemnizaciones. Sin embargo, en la presente fecha incumplió el acuerdo, solicitando el desalojo.

MANIFESTAMOS

1. Condenamos y repudiamos el desalojo de la familias maya q’eqchi’ en Tamahu, Alta Verapaz. Que representa parte del despojo de las tierras ancestrales de las comunidades mayas e indígenas, justificando la defensa de la propiedad privada.

2. La Secretaría de Asuntos Agrarios, asuma con responsabilidad y seriedad la resolución del conflicto de la comunidad San Antonio de Tamahu.

3. Que las diferentes instancias de justicia, principalmente el Ministerio Publico investiguen la legitimidad del derecho del la propiedad privada que reclaman los finqueros.

Con este desalojo se queda demostrada la injusticia en el país, en especial con las comunidades indígenas cuando son expulsados en las fincas, después de haber sido mano de obra que enriqueció al finquero, por lo que se procederá legalmente y políticamente de denunciar este hecho, parte de etnocidio en el país.

Guatemala 17 de Marzo, 2010.

Miembros de UASP, CLOC VIA CAMPESINA INTERNACIONAL

COORDINADORA NACIONAL INDIGENA Y CAMPESINA –CONIC-

Fuente: albedrio.org

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