Estos números tienen los rostros de habitantes y ciudadanos que seguramente fueron censados en una localidad que le es ajena, dejando atrás, muy atrás, la tranquera.
Los conflictos sociales generados en torno a la problemática de la propiedad y uso de la tierra y el agua, suscitados en territorios rurales de todas las regiones de nuestro país, definitivamente no han encontrado final durante la primera década de este Siglo XXI, al que nuestro país recibió con 100.000 pequeños productores menos (contabilizados entre 1988 y 2002).
En días de censos, censados y encuestadores, la página del Indec indica silenciosamente que el último Censo Nacional Agropecuario realizado en el año 2008, contabilizó la desaparición de 60.000 pequeños productores más.
Es decir, que haciendo regla de tres básica y sencilla, en los últimos años han desaparecido, en proporción, más productores que en el período inmediato anterior.
Estos números tienen los rostros de habitantes y ciudadanos que seguramente fueron censados, entre otros ruidos, en una localidad que le es ajena, dejando atrás, muy atrás, la tranquera, el monte o el río que antes marcó sus límites geográficos y su historia.
Indagando entre el pasado reciente de esta historia, encontramos las causas desencadenantes de estos desequilibrios en las condiciones macroeconómicas posteriores a la devaluación del año 2002, el incremento de los precios internacionales de materias primas agropecuarias, el avance de los cultivos sobre bosques y áreas naturales, la promoción de la minería y la adquisición de paraísos terrenales por parte de magnates extranjeros y nacionales.
Las mismas causas auspiciaron el proceso de valorización de la tierra, que encontró un sistema de alta precariedad en la tenencia de la tierra, la ausencia total de legislación regulatoria de la adquisición de tierras y de una política de desarrollo territorial rural.
En días de censos, censados y encuestadores, la página del Indec indica silenciosamente que el último Censo Nacional Agropecuario realizado en el año 2008, contabilizó la desaparición de 60.000 pequeños productores más.
Es decir, que haciendo regla de tres básica y sencilla, en los últimos años han desaparecido, en proporción, más productores que en el período inmediato anterior.
Estos números tienen los rostros de habitantes y ciudadanos que seguramente fueron censados, entre otros ruidos, en una localidad que le es ajena, dejando atrás, muy atrás, la tranquera, el monte o el río que antes marcó sus límites geográficos y su historia.
Indagando entre el pasado reciente de esta historia, encontramos las causas desencadenantes de estos desequilibrios en las condiciones macroeconómicas posteriores a la devaluación del año 2002, el incremento de los precios internacionales de materias primas agropecuarias, el avance de los cultivos sobre bosques y áreas naturales, la promoción de la minería y la adquisición de paraísos terrenales por parte de magnates extranjeros y nacionales.
Las mismas causas auspiciaron el proceso de valorización de la tierra, que encontró un sistema de alta precariedad en la tenencia de la tierra, la ausencia total de legislación regulatoria de la adquisición de tierras y de una política de desarrollo territorial rural.
