MALDITOS
Una BANDA que causa FURIA: Los BARRICKTURROS
enviado por Mercedes Centena
Periodismo de Verdad: 8 de Noviembre de 2008
El procurador general de la Nación, Esteban Righi, volvió a la polémica con una resolución que apunta directo contra la tarea investigativa del fiscal Manuel Garrrido. Sus aceitados contactos con el universo político lo convirtieron en un funcionario de extrema confianza del matrimonio presidencial. Y también en una herramienta clave a la hora del tabicar el poder de inspección de la Justicia. Righi instruyó a los fiscales federales sugiriendo que los delitos cometidos por la guerrilla no sean considerados de lesa humanidad
En los Tribunales respetan su capacidad académica, pero cuestionan al poderoso estudio de abogados que él creó y presidió, desde que son defendidos funcionarios kirchneristas acusados de casos de corrupción.
Righi fue pionero en trabar vínculo con el oficialismo. Su estudio representó al ex presidente Néstor Kirchner cuando era investigado por enriquecimiento ilícito durante su gestión en la provincia de Santa Cruz. Un discípulo suyo en la UBA, Alberto Fernández, lo recomendó para el cargo en 2004 en reemplazo del procurador Nicolás Becerra.
El estudio jurídico Righi & Asociados, hoy dirigido por su hijo Federico, asesora legalmente a sindicalistas, intendentes del Conurbano y funcionarios del Gobierno investigados por la Justicia. Ubicado en la calle Libertad al 1000, el buffet posee una cartera de clientes envidiable: desde el jefe de Inteligencia del menemismo, Hugo Anzorreguy, imputado por el presunto encubrimiento en la voladura de la AMIA, hasta la esposa del ministro Julio De Vido, Alessandra Minicelli, involucrada por la venta irregular de YPF. También el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, por la manipulación de los números del INDEC, y el intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto, por la compra de unos terrenos del Ejército.
El estudio jurídico Righi también cosechó frutos en territorio bonaerense. Fabián Musso y Daniel Carral, socios del buffet de abogados, representaron legalmente al intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, preso casi un año por presunto fraude contra la administración pública. Asesoraron también al jefe comunal de Ituzaingó, Alberto Descalzo, a quien la Justicia investigaba por la presunta proliferación de ñoquis en el municipio.
Etiquetas: CORRUPCION, cosas de funcionarios