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Pase lo que pase en las próximas semanas y hasta el 27 de enero, fecha en que Porfirio Lobo Sosa, ganador de las cuestionadas elecciones en Honduras, tomará posesión de un cargo que hasta el momento casi ningún país en el mundo reconoce, resulta cada vez más claro que lo que ha ocurrido en este país centroamericano a partir del 28 de junio marcará un evidente retroceso en el proceso de consolidación de la democracia en el continente latinoamericano. En este contexto, no se pueden obviar las evidentes responsabilidades que tiene el nuevo gobierno de Estados Unidos en su ofensiva para reposicionarse en el continente.

Con el golpe de Estado del 28 de junio, los poderes fácticos hondureños que, junto a las fuerzas represivas y a sus aliados internacionales controlan la economía y la política del país, lograron detener un proceso de emancipación en el que, por primera vez en la historia de Honduras, las fuerzas vivas del pueblo estaban colaborando con el Ejecutivo para imaginar y planear un futuro diferente, aspirando a un proyecto de Asamblea Nacional Constituyente incluyente y marcadamente popular.

Paralelamente, Honduras había iniciado un camino dirigido a fortalecer la unidad centroamericana y latinoamericana, adhiriendo al Sistema de Integración Centroamericana (SICA), a Petrocaribe y al ALBA.

Demasiado para las fuerzas retrógradas del país y del continente, que veían amenazados sus intereses históricos y el status quo de privilegios conservado por décadas gracias a la violencia y la represión de aparatos militares al servicio de los grupos fácticos y de sus aliados internacionales.

En este contexto no deben sorprender, aunque si indignar, las recientes declaraciones de la titular de política exterior del gobierno estadounidense, Hillary Clinton, durante su informe sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.
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