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Allí, la compañía Yanacocha explota la mina de oro más grande de América del Sur y tiene previsto invertir en un segundo proyecto aurífero, la mina Conga, por un valor de 4.800 millones de dólares estadounidenses, pero para ello propone desecar cuatro lagunas de agua dulce, dos de las cuales convertiría en depósito de relaves y las otras dos serían reemplazadas artificialmente.

El proyecto, aprobado durante la anterior administración de Alan García, ha estado en el "ojo de la tormenta" desde hace varios meses, con una férrea y a veces violenta oposición de los habitantes de la zona involucrada, que obligó al gobierno del presidente Ollanta Humala a recurrir a un peritaje internacional, a partir del cual ha planteado nuevas condiciones ambientales y sociales a la empresa si quiere explotar el yacimiento.

"No nos oponemos a la minería, pero bajo condiciones que no nos afecten y, sobre todo, que no afecten el futuro de las próximas generaciones, o sea, una minería sostenible y socialmente responsable", dice convencida y, al escucharla, se podría pensar que estamos frente a una dirigente política.

"No, ama de casa nomás, pero preocupada por el futuro de mis hijas", responde. "Pero una se informa, lee y se da cuenta que no todo puede ser con fines económicos, hay que cuidar los recursos", añade esta mujer que cursó dos años de estudios generales en la universidad. Luego se enamoró, se casó y se dedicó a su hogar.

Cuando el ambiente no importa

A cientos de kilómetros de Cajamarca, en los Andes centrales, en La Oroya, una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo por relaves mineros, Ana, de 29 años, graduada en ciencias contables, también protesta en las calles. Pero al revés de Lucinda, ella exige que la minera Doe Run siga sus operaciones, sin importar el costo social y ambiental que ello implique.

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